Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas a una red 25 empresas colombianas, españolas y holandesas por su supuesta vinculación con el cartel de Cali.

Las sanciones implican la congelación de los activos de esas empresas en territorio norteamericano, así como la prohibición de hacer transacciones con entidades financieras de ese país.

La investigación incluye a un grupo de diez empresas localizadas en la provincia de Málaga, y vinculadas con los españoles Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, a quien el Tesoro considera socios financieros clave de la red.

A ellas se unen otras seis empresas vinculadas al colombiano Hernando Mejía Uribe, que ejerce de enlace entre la trama española, la holandesa y la colombiana, según las autoridades.

A todos ellos, se les acusa de prestar apoyo Gilberto Rodríguez Orejuela, cabecilla del cartel de Cali.

Según el gobierno estadounidense, Mejía posee o controla numerosas empresas colombianas ubicadas principalmente en Cartagena, como Inversiones El Progreso, Euromar Caribe, e Inversiones Lamarc.

Entre las empresas en España mencionadas por el anuncio se cuentan General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, ambas en Marbella, a las que se unen Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico, y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, todas en Fuengirola.

Así mismo la Ofac designó para sanciones las empresas Hormac Planning, Quantica Project, y Tracking Innovations (San Pedro de Alcántara), y SIP Consultancy Services y Servicios de Control Integral Facilities Management.