127 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2016: ONU
43 de los asesinados se desarrollaron en zonas rurales con presencia histórica de las Farc.
Rueda de prensa sobre asesinatos de defensores de derechos humanos, en la foto Soraya Gutiérrez, vocera del Colectivo de Abogados, Angela Castellanos (Colectivo de Abogados) y David Flores de Marcha p. Foto: Colprensa(Thot)
El representante en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, presentó este 16 de marzo, un informe de Derechos Humanos donde se revela que 127 líderes fueron asesinados en 2016.
En el texto, se profundiza que los departamentos con mayor número de asesinatos verificados de defensores de derechos humanos fueron Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4).
"Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores", dijo el representante en Colombia de esa Oficina, Todd Howland.
Howland también resaltó la relación directa entre cultivos ilícitos y asesinato de líderes sociales, pues las zonas con mayor cantidad de cultivos fueron los lugares donde más se registraron asesinatos.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a reconocer "plenamente sus responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", para generar procesos de reparación en consenso con las víctimas.
De esta manera, la ONU expresó hoy su preocupación por la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, en donde en 2016 "observó" 389 ataques de los cuales 59 fueron homicidios.
"Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC; la escasa o débil presencia del Estado", dice el informe.
Entre las 15 recomendaciones que se hacen en el informe, está la urgente necesidad de que el Gobierno colombiano implemente el acuerdo de paz "con base en los estándares internacionales de derechos humanos".
Además, insta al Gobierno y a las FARC a garantizar la no repetición de las violaciones de estos derechos, lo que incluye dar prioridad al enfoque de género, la búsqueda de personas desaparecidas, límites y regulaciones para el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales, al igual que la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras.
También alienta al Gobierno y al ELN a avanzar en los diálogos de paz que se desarrollan en Quito desde el pasado 7 de febrero.
Igualmente recomienda al Estado cumplir los compromisos políticos y técnicos acordados con los defensores de derechos humanos relacionados con prevención, protección e investigación.
