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CIDH concede medidas cautelares a magistrado de la Corte Suprema de Justicia

En una decisión sin precedentes en la historia, La W conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgarle medidas cautelares al magistrado César Julio Valencia Copete

CIDH concede medidas cautelares a magistrado de la Corte Suprema de Justicia

CIDH concede medidas cautelares a magistrado de la Corte Suprema de Justicia(Thot)

En una decisión sin precedentes en la historia, La W conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgarle medidas cautelares al magistrado César Julio Valencia Copete, quien como presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo un enfrentamiento con el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y a quien mantiene denunciado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.



"Las circunstancias que ha atravesado el magistrado Valencia Copete en los últimos tiempos han llevado a un incremento en los riesgos para su seguridad", considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tomar la decisión.



El magistrado en mención forma parte del grupo de juristas que han sido víctima de seguimientos por parte del DAS.



El presidente Álvaro Uribe denunció por injuria y calumnia al magistrado porque en septiembre de 2007 manifestó que el jefe del Estado lo había telefoneado para averiguar si su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, era investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares.



Aunque Uribe le envió una carta a Valencia exigiéndole rectificar, este jurista respondió que sus declaraciones "corresponden en forma fiel y estricta a la realidad" y "no existe ninguna razón por la que deba rectificar".



La semana pasada La W reveló que la situación de incertidumbre que ronda el escándalo de las ‘chuzadas’ obligó al magistrado Cesar Julio Valencia a cancelar una conciliación prevista en la Comisión de Acusación y por tanto el proceso contra el presidente sigue adelante.



De otro lado, hoy se conoció que la Interpol renunció a seguir trabajando con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y pidió al gobierno entenderse directamente con la Policía Nacional para realizar todos los trámites de ejecutar los requerimientos de las autoridades judiciales de otros países con los que trabaja Interpol.

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