CIDH recibe denuncias sobre impunidad en asesinato de líderes sociales en Colombia

Por Sergio García

Diversas ONG colombianas reclamarán resultados en las investigaciones que la justicia de su país adelanta por los ataques y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Afirman que la Fiscalía se enfoca en capturas o casos abiertos pese a que debería mostrar estadísticas de condenas y esclarecimiento de las redes que se encuentran detrás de los crímenes.

Los reclamos se presentarán en una de las audiencias del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumple en Washington, donde las organizaciones pedirán al Estado colombiano este jueves celeridad en las investigaciones y protección de los líderes y defensores del país.

Las organizaciones coinciden en que los asesinatos buscan frenar las causas que defienden los defensores y aseguran que al atacar a un líder social se vulneran también los reclamos de las comunidades que representan.

Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que está en Washington, le aseguró a la Agencia Anadolu que en Colombia la impunidad y ausencia de resultados en investigaciones por ataques a defensores incentivan la repetición de los mismos.

“Valoramos que haya avances en los procedimientos de abrir investigaciones, pero cuando miramos resultados los datos son contundentes y muestran que no se ha logrado administrar justicia. Hay ausencia en el esclarecimiento de los hechos de responsabilidad y de condenas”, aseveró Romero.

El directivo aseguró que desde la Fiscalía y el Ejecutivo se han vinculado investigaciones por ataques a defensores con procesos judiciales de narcotráfico o “líos pasionales” y consideró que esa práctica le “baja la importancia a la tragedia del asesinato de líderes en muchos lugares de Colombia”.

Romero manifestó que el Estado debe investigar los casos, dar resultados y comprometerse con una política de protección a defensores de derechos humanos que vaya más allá de la militarización de territorios.

“Si bien la Fuerza Pública es importante, no es la única solución porque en territorios muy militarizados, como el municipio de Tumaco donde hay mas de 14.000 efectivos, se han producido la mayor parte de los asesinatos”, aseguró.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), coincidió con Romero en que la impunidad en los casos de ataques a defensores de derechos humanos aumenta los ciclos de violencia.

“Hay preocupación por la falta de una respuesta coherente, consistente y efectiva desde distintos espacios del Estado tanto en el poder Ejecutivo como en la administración de justicia”, afirmó Krsticevic a la Agencia Anadolu.

La directiva se refirió a las estadísticas de la Fiscalía de Colombia sobre los resultados en investigaciones de defensores y líderes asesinados y sostuvo que faltan avances para descubrir a quienes están detrás de las amenazas, los hostigamientos y los homicidios.

“Uno siempre puede decir que atendió una neumonía con una aspirina porque bajó la fiebre sin tener el remedio de la enfermedad. Puede ser que haya avances en las investigaciones que pueden reflejarse en capturas, pero esto no quiere decir que están desmontados los grupos que toman las decisiones de asesinar a los defensores”, aseveró Krsticevic.

Para la directora ejecutiva de Cejil es clave que en Colombia haya una investigación sobre las amenazas que denuncian los defensores, al considerar que es el delito que precede a los homicidios.

La representante de Cejil consideró que la audiencia en la CIDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le permitirá al Estado colombiano “verse en un espejo” y revaluar la información que tiene sobre los ataques a los líderes con el fin de evitar la impunidad en las investigaciones.

“Se busca un cambio de políticas profundo que permita prevenir asesinatos y responder de manera adecuada a los grupos criminales que están detrás de los crímenes. Queremos que haya un espacio para la participación social y el debate público en Colombia”, afirmó la directora.

Krsticevic se refirió a la designación de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA, que administra la CIDH, y aseveró que como el Cejil lo indicó en el momento de la elección, “no está a la altura de los compromisos que ha expresado públicamente el Gobierno colombiano de lucha contra la corrupción y la adhesión a los principios de derechos humanos”.

César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, coincide en que las amenazas a líderes no se investigan de manera adecuada, lo que impide hallar sus orígenes. “Buscamos que haya celeridad en las investigaciones”, afirmó.

El activista añadió que a los defensores los asesinan debido a que el Estado no ofrece garantías para su protección y lamentó que los liderazgos “no sean valorados en su justa dimensión en Colombia”.

Las organizaciones han denunciado que el asesinato de líderes también está vinculado a sus reclamos para que en Colombia se implementen los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla desmovilizada de las Farc de noviembre de 2016 y mencionan que la cifra de defensores víctimas de homicidio, desde la firma de la paz, varía entre 350 y 425 personas.

Las ONG coinciden en que no es problemático tener discrepancias sobre la cifra de homicidios y explican que cada una tiene una metodología distinta para caracterizar los crímenes. Detallan, además, que algunas incluyen solo a defensores de derechos humanos, otros a reclamantes de tierra, o personas con un liderazgo comprobado en sus comunidades. Afirman que las diversas caracterizaciones permiten concluir que, en cualquier caso, se cuentan por cientos los asesinatos.

Un reciente informe publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) llamado 'Todos los Nombres, Todos los Rostros' detalló que solo entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018, 226 personas líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia.

“En 181 casos de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y/o étnias rurales. Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 80,08 % de los homicidios en el año 2018”, mencionó el informe.

Organizaciones de la sociedad civil han coincido a su vez en que las zonas donde hay más riesgos para los líderes sociales se encuentran en los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, la región del Urabá antioqueño y en el Catatumbo, en cercanía a la frontera con Venezuela, en Norte de Santander.