Colombia se comprometió con la ONU a combatir impunidad y garantizar derechos de víctimas
Sin embargo el Gobierno no aceptó poner límites a la competencia de la justicia penal militar, la cual defendió por considerar que no está contravía de la verdad.
Colombia se comprometió con la ONU a combatir impunidad y garantizar derechos de víctimas(Thot)
La delegación del Gobierno colombiano en Ginebra (Suiza), aceptó 126 de las 160 recomendaciones de los países miembros de la ONU en torno a los derechos humanos. Igualmente señaló que 120 de estas observaciones, ya están en marcha a través de programas de justicia transicional y reparación integral a las víctimas de la violencia, entre otras medidas, y ocho de estas propuestas serán consultadas con el presidente Santos en los próximos meses.
Estos compromisos serán adquiridos luego de la presentación del informe final del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, presentado por la comitiva colombiana encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, quien en su momento presentó los avances del proceso de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las Farc en la Habana (Cuba), el cual fue respaldado por la comunidad internacional. En su discurso ante la ONU en Suiza, el vicepresidente aseguró que fueron recibidas con “beneplácito la mayoría de las recomendaciones que ya las estamos cumpliendo en la perspectiva de consolidar a Colombia como un país en progreso”.
Aspectos como la colocación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo mismo que la tortura, la impunidad, la trata de personas, entre otros delitos, fueron compromisos ratificados están prohibidos por la Ley colombiana; también constituyen delitos sancionados por la Ley la persecución, la discriminación y la estigmatización a defensores de derechos humanos, la violencia contra las mujer en todas sus formas, lo mismo que contra otros grupos poblacionales como las comunidades LGTBI y las minorías étnicas; señaló el texto de acuerdos.
Fueron siete los compromisos adquiridos voluntariamente por Colombia, entre los cuales están la búsqueda de soluciones a la crisis de hacinamiento carcelario, reforzamiento de políticas para erradicar la trata de personas, sumar esfuerzos para la atención integral de las víctimas, y luchar contra la impunidad.
Sin embargo Angelino Garzón manifestó que algunas de las recomendaciones “no las acogemos, no porque estemos en contra del espíritu de su texto, sino porque consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy”.
Entre estas propuestas, se encontraban las limitaciones al fuero penal militar, debido a la puerta abierta que dejaría a la impunidad. No obstante el Gobierno aseguró que en Colombia funcionan de manera autónoma e independiente los diversos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que ello es garantía para que se respeten y garanticen los derechos humanos.
Otra de las negativas consistió en la compensación a la que pudieran acceder las víctimas de la violencia sexual cometida por grupos que no estuvieran involucrados en el conflicto, de acuerdo a la propuesta de Australia. Tampoco la iniciativa de Tailandia de que las víctimas de las llamadas bacrim, pudieran acogerse al proceso de reparación.
Finalmente el Gobierno colombiano se comprometió a “seguir en la búsqueda de la Paz con la voluntad política del Gobierno de firmar un acuerdo con las Farc, contando con el respaldo de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil”.
Estos compromisos serán adquiridos luego de la presentación del informe final del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, presentado por la comitiva colombiana encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, quien en su momento presentó los avances del proceso de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las Farc en la Habana (Cuba), el cual fue respaldado por la comunidad internacional. En su discurso ante la ONU en Suiza, el vicepresidente aseguró que fueron recibidas con “beneplácito la mayoría de las recomendaciones que ya las estamos cumpliendo en la perspectiva de consolidar a Colombia como un país en progreso”.
Aspectos como la colocación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo mismo que la tortura, la impunidad, la trata de personas, entre otros delitos, fueron compromisos ratificados están prohibidos por la Ley colombiana; también constituyen delitos sancionados por la Ley la persecución, la discriminación y la estigmatización a defensores de derechos humanos, la violencia contra las mujer en todas sus formas, lo mismo que contra otros grupos poblacionales como las comunidades LGTBI y las minorías étnicas; señaló el texto de acuerdos.
Fueron siete los compromisos adquiridos voluntariamente por Colombia, entre los cuales están la búsqueda de soluciones a la crisis de hacinamiento carcelario, reforzamiento de políticas para erradicar la trata de personas, sumar esfuerzos para la atención integral de las víctimas, y luchar contra la impunidad.
Sin embargo Angelino Garzón manifestó que algunas de las recomendaciones “no las acogemos, no porque estemos en contra del espíritu de su texto, sino porque consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy”.
Entre estas propuestas, se encontraban las limitaciones al fuero penal militar, debido a la puerta abierta que dejaría a la impunidad. No obstante el Gobierno aseguró que en Colombia funcionan de manera autónoma e independiente los diversos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que ello es garantía para que se respeten y garanticen los derechos humanos.
Otra de las negativas consistió en la compensación a la que pudieran acceder las víctimas de la violencia sexual cometida por grupos que no estuvieran involucrados en el conflicto, de acuerdo a la propuesta de Australia. Tampoco la iniciativa de Tailandia de que las víctimas de las llamadas bacrim, pudieran acogerse al proceso de reparación.
Finalmente el Gobierno colombiano se comprometió a “seguir en la búsqueda de la Paz con la voluntad política del Gobierno de firmar un acuerdo con las Farc, contando con el respaldo de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil”.
