Con 500 documentos de Grant Thornton, Inassa soporta asistencia técnica a Triple A
La Fiscalía y el juez que lleva el proceso de la acción popular ya tienen los documentos e informes.
Inassa ha adelantado un proceso de certificación del cumplimiento del famoso contrato de Asistencia Técnica que tenía con la Triple A, el cual ha sido cuestionado por la Procuraduría General de la Nación.
En el mes de noviembre de 2017, la compañía decidió hacer una auditoría forense y el encargado de hacerla fue la firma americana Grant Thornton y quien, mediante tres informes, certifica el cumplimiento de dicha asistencia Técnica.
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EL PRIMERO
Tiene como fecha el 6 de abril de 2018 y fue el primero que se solicitó al llegar una comunicación de la Procuraduría, requiriendo a Triple A e Inassa suspender el contrato de AT. Es conceptual y concluye que se prestó adecuadamente, explicando sus razonamientos.
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EL SEGUNDO
Tiene como fecha el 15 de junio de 2018, y es un ejercicio teórico que se realizó, eliminando los gastos incurridos en la Triple A por la AT, y sustituyéndolos por los gastos normales que hubiese tenido que afrontar de no poder contar con su servicio. La conclusión es que se hubiera ahorrado 30.000 millones en todo este tiempo; Sin embargo, habría tenido que aumentar su actual endeudamiento en 52.600 millones. Este documento se elaboró para poner en perspectiva la cuantificación del servicio de Asistencia Técnica.
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EL TERCERO
Tiene como fecha el 21 de junio de 2018, Se realizó una valoración de los servicios materialmente prestados y acreditados. Los 246.000 millones pagados por Triple A a Inassa, de acuerdo con Grant Thornton, están acreditados de la siguiente manera: 190.000 millones correspondientes a servicios financieros y 56.000 millones por transferencia de conocimiento, soporte técnico y estratégicos, entre otros.
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Además de este informe, Inassa ha enviado cerca de 500 documentos a la Procuraduría que justificarían un 20% de la AT, en los cuales están contenidos: Correos, informes, viajes a España, conferencias convocadas por correos electrónicos, y que quedaron constancia sobre ellas en folios, que demuestran que ha habido permanentemente esta “transferencia de conocimiento” de Canal Isabel II y de Inassa, hacia Triple A y al resto de filiales.
Sin embargo, todas estas pruebas aún no le han servido a la compañía, ya que actualmente la Procuraduría interpuso una acción popular contra Inassa, para que sea devuelta la cantidad que se pagó, por algo que según este ente de control nunca se prestó.
Igualmente, los documentos están en poder del juez que lleva el proceso de la acción popular y también fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.