Consejo de Estado dictaminó que captura de Alfredo Correa de Andreis fue injusta

La nación fue condenada por el alto tribunal por la detención ilegal de Alfredo Correa de Andreis, quien fue señalado de ser ideólogo de las Farc.

En diálogo con La W, el abogado de la familia Correa, José Humberto Torres, recibió con beneplácito y conformidad la decisión del Consejo de Estado que condena a la nación por la detención ilegal del profesor Alfredo Correa de Adreis.

Según Torres, esta decisión reitera y confirma la responsabilidad de dos entes estatales por este hecho. Primero el DAS, en cabeza de Javier Alfredo Valle Anaya, y de la Fiscalía  en cabeza de Demóstenes Camargo Dávila, hoy magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

“Es una decisión muy importante del punto de vista jurídico, y político, porque no solo dignifica el buen nombre del Profesor Alfredo Correa De Andreis, si no que nos permite avanzar en otros escenarios pendientes a establecer la responsabilidad que le corresponde desde el punto de vista penal, administrativo al hoy magistrado de la sala penal de Barranquilla Demóstenes Camargo Dávila.”

El abogado,señaló que con esta decisión se ordena colocar unas placas en las universidades donde trabajaba el profesor Correa, pero además ordena que se elabore una de investigación, sobre Derechos Humanos que debe ser financiada por el estado colombiano, un hecho que es novedoso en la jurisprudencia colombiana.

Por otro lado, señaló que la defensa de Correa logró establecer en su momento que para la época en la que se le adjudicaba de haber estado en un frente de las Farc impartiendo doctrina ideológica a los militantes de este, por el contrario se encontraba en una actividad familiar con su familia, la cual fue registrada por varios medios locales de la capital del Atlántico.

“Efectivamente estaba en una actividad social en la ciudad de Barranquilla, fue lo que logramos establecer que para la época que se le adjudicaba del estado en un frente de las Farc impartiendo doctrina ideológica a los militantes de tal, todo lo contrario se encontraba en una actividad social de su familia. Allí es donde reside la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por una valoración demasiada subjetiva de las pruebas. Pruebas que no fueron valoradas a fondo como correspondía, porque los testimonios de los reinsertados de las Farc, fueron pagados con gastos reservados del DAS, no fueron valorados como correspondía por la Fiscalía, no se observó que casi a pie y a puntilla cada una de las palabras, y la puntuación de sus testimonios era idéntico, ese es un hecho sumamente grave”.