Una discusión se ha generado entre la Contraloría General de la Republica y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por definir
quién debe adelantar la investigación a los magistrados en las presuntas irregularidades del otorgamiento de pensiones a funcionarios de la rama judicial.
Este ‘rifi rafe’ ha impulsado al Gobierno a pedir la intervención del Consejo de Estado para definir cuál de estas dos es la entidad competente para adelantar la indagación y eventualmente sancionar a los magistrados.
A través de
una carta enviada al Ministro Juan Carlos Esguerra, la contralora Sandra Morelli afirma que la Judicatura le ha enviado comunicaciones "amenazantes", en las que le da plazo de 48 horas para que le remita los hallazgos en el caso del carrusel de pensiones.
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