Defensor del Pueblo pide informe sobre abusos de militares de EE.UU.
Pidió a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa que reclamen a autoridades de EE.UU. un informe sobre el estado de las investigaciones.
En opinión del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que, en caso de que se compruebe su veracidad, ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes, según declaraciones recogidas en un comunicado de su despacho.
Según denuncia el "Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas", que fue publicado el pasado febrero, 54 menores de edad colombianas fueron violadas entre 2003 y 2007 por soldados y contratistas de Estados Unidos.
Estos ciudadanos estadounidenses, que estaban destinados en Colombia, grabaron abusos y vendieron los videos como material pornográfico, según el informe.
Este estudio de 809 páginas fue encargado a doce expertos, seis seleccionados por el Gobierno y otros seis por las FARC, en el marco de los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.
En referencia a los videos, Otálora recordó hoy que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, hay mecanismos suficientes para garantizar la justicia y evitar la impunidad.
Asimismo, el defensor mostró su esperanza de que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.
Según denuncia el "Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas", que fue publicado el pasado febrero, 54 menores de edad colombianas fueron violadas entre 2003 y 2007 por soldados y contratistas de Estados Unidos.
Estos ciudadanos estadounidenses, que estaban destinados en Colombia, grabaron abusos y vendieron los videos como material pornográfico, según el informe.
Este estudio de 809 páginas fue encargado a doce expertos, seis seleccionados por el Gobierno y otros seis por las FARC, en el marco de los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.
En referencia a los videos, Otálora recordó hoy que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, hay mecanismos suficientes para garantizar la justicia y evitar la impunidad.
Asimismo, el defensor mostró su esperanza de que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.
