El nuevo testimonio que enreda al senador Benedetti

La W conoció en exclusiva las pruebas que habrían llevado a la Fiscalía General de la Nación a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que investigue al senador del partido de La U, Armando Benedetti, por supuestamente haber recibido dinero de la defraudación al  fondo de prestaciones del magisterio en Córdoba. En Lorica el desfalco llegó a 80 mil millones de pesos y en Planeta Rica llegó a más de 64 mil millones de pesos.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a La W  que no solo hay uno, sino varios testimonios que involucran al senador. Hace unos días se conoció que el abogado Álvaro Burgos del Toro firmó un principio de oportunidad con el ente acusador, en el que se compromete a entregar información que enloda a Benedetti. También hay otro testimonio, es el del  abogado Jaime Agámez,  quien justo antes de morir le contó a la Fiscalía que por medio del exvicepresidente del fondo del magisterio (Fomag), Jorge Peralta el senador Benedetti habría recibido el 37% de los desembolsos autorizados ilegalmente por el un juzgado de Lorica. 

En su testimonio Jaime Agámez, que aceptó cargos en este caso, asegura que vio como Benedetti, Peralta y otras personas se reunieron en el la plazoleta de comidas del centro comercial Gran Estación para repartir el dinero que presuntamente sería destinado a pagar las deudas que dejó la campaña política del senador. Los testimonios dados en fechas y lugares diferentes por Álvaro Burgos del Toro y  Agámez, quienes aseguraron no conocerse, coinciden en que se entregó dinero al senador.

Hoy la Fiscalía se encuentra investigando los supuestos pagos de dinero que se hicieron a la jueza civil, Isabel Loreley Montes Oyola, quien tenía en sus manos los procesos pensionales que debían ser pagados a los maestros. Según fuentes del proceso la mujer recibía 300 millones de pesos por cada una de las  demandas.

Un dato curioso en la investigación, es que dos errores de ortografía en los sellos de las demandas que se presentaban por los abogados terminaron siendo el detonante para que el fiscal de caso descubriera el desfalco a la salud de los maestros. Los errores ortográficos aparecieron en los sellos de las demandas interpuestas por los abogados. En 11 procesos se realizaron más de 200 pruebas de grafología en las que todas las firmas de docentes resultaron ser falsas, los sellos también eran plagiados y las cédulas no correspondían con los nombres  de los documentos.

 En este desfalco  también se presentaron casos de muerte y extorsión. El secretario de educación, José Miguel Chica Chica, fue hallado muerto en extrañas circunstancias tan solo a dos días de entregar un testimonio clave en este caso. A  eso se le suman las extorsiones y  los intentos para que el fiscal del caso fuera retirado de la investigación.

 Finalmente la W conoció que  Álvaro Burgos del Toro firmo el principio de oportunidad, en el que se le da una inmunidad parcial, por los delitos de falsedad ideológica en documentos público, falsedad en documento privado y prevaricato por acción. Este es solo el inicio de esta investigación, pues al parecer hay más implicados y en otras regiones también se habrían desangrado los recursos del Fondo del magisterio.