Empresas de las TIC advierten de presunto direccionamiento en licitación de Rama Judicial

Hay controversia por un contrato de prestación de servicios por 28 mil 864 millones de pesos que está licitando el Consejo Superior de la Judicatura para el servicio de algo que se conoce como "mesa de ayuda y soporte de primer nivel, para la infraestructura de hardware, redes LAN, salas de audiencia (audio y video) de la Rama judicial, así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos".

Aproximadamente 10 empresas entre las que se encuentra Microsoft Colombia, Tecnosoftware, Aranda, Carvajal, Pear Solutions, Procibernética y Savera, han cuestionado que este año se introdujeron tres requerimientos, uno relacionado con una certificación obligatoria de implementación de procesos ITIL, que cuesta más de 1000 millones de pesos.

Los otros requerimientos son dos certificaciones que suben el puntaje, llamadas cuadrante de Gartner y la certificación ITIL Software Scheme Toolsets.

A juicio de Microsoft, esos dos últimos requerimientos limitan "la participación de marcas importantes y reconocidas en el mercado colombiano incluyéndonos a nosotros".

Varias empresas afirman que esas tres certificaciones, y cómo está presuntamente direccionándose el proceso, benefician al fabricante de software Service Now, que en Colombia solo es  vendido por la firma Compufacil.

Para Luis Jiménez de la firma Carvajal "se acaba de probar una vez más el direccionamiento del presente proceso, como quiera que por vía del cuadrante de Gartner sólo dos fabricantes, BMC y ServiceNow, y por ende sólo los proponentes logren ofrecer estas herramientas, que tienen la clasificación de líder pueden obtener los 40 puntos. Pero si a esto se suma la exigencia de ITIl Gold, queda claro que la única herramienta que puede obtener los 120 puntos y por ende, lograr la adjudicación del presente proceso, es el fabricante ServiceNow".

En la otra orilla, hay firmas como Hewlett Packard que consideran que los pliegos de condiciones y requerimientos son adecuados, que hay 20 firmas internacionales que pueden cumplir y que la Judicatura no debe aceptar las peticiones de la firma de software Aranda, que es el software que utiliza el actual operador de mesa de servicios en la Rama Judicial, y el que se ha usado en los últimos cinco años.

"Solicitamos a la entidad no tener en cuenta la observación realizada por Aranda y sus canales, ya que si la entidad decide aceptar los cambios solicitados por estos oferentes, que claramente representan única y exclusivamente un fabricante, dejaría por fuera de toda competencia objetiva a fabricantes de talla mundial", dice la carta firmada por Johanna Pieschacon.