En solo 4 días, más de mil personas fueron desplazadas por hechos violentos en el país

La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades para que tomen medidas que garanticen los derechos de más de 1.000 personas que han tenido que desplazarse entre el 17 y el 20 de enero a causa de hechos violentos ocurridos en esas zonas.

El primer hecho  que cita la entidad es el que se presentó el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros, del municipio de Magüi Payán (Nariño), por enfrentamientos entre miembros del ELN y disidencias de las FARC.

El segundo caso está relacionado con el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba), donde 75 familias tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado “Caparrapos” y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En tercer lugar está el evento ocurrido el 19 de enero se desplazaron 149 familias  miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia.

Lo anterior debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona.

Adicionalmente se menciona la situación que se presentó el 20 de enero, cuando tres familias de la inspección Morcote del municipio de Paya (Boyacá) se desplazaron por la ocurrencia de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN.

Finalmente está el estallido de un artefacto explosivo, seguido de la intimidación por parte del ELN en contra de la comunidad de la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura.