Fiscalía denuncia cartel de las penas carcelarias

En esta oportunidad, la Fiscalía ha puesto su ojo avizor en el desempeño del sistema de administración de las penas. El sistema penal colombiano adolece de múltiples precariedades y dificultades, pasando por un procedimiento complejo y artificioso que está afectando la eficacia de la justicia en Colombia.

Por ello, según el ente investigador  son limitadas las tasas de condena frente al universo de delitos denunciados. Aun así, cuando finalmente concluyen los procesos y se imponen las penas, se hace tránsito a una nueva instancia judicial que administra el sistema, en donde hoy se advierten graves dificultades, lo que lleva a la Fiscalía a elevar su voz para llamar la atención de las autoridades en su conjunto y demandar un especial seguimiento y auditoría del sistema, que impida nuevos descalabros, que no solamente deslegitiman la justicia, sino que terminan haciendo trizas el poder punitivo del Estado.

La investigación que hoy concluye en su primera fase y se da a conocer muestra en toda su plenitud la debilidad institucional existente y hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla. En desarrollo de esta investigación macro, se logró establecer que una estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras, a partir del trabajo inescrupulosos de profesionales del Derecho que contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad.

La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo, consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.

 Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados, a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.

Se destaca que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecida según la investigación, purgan penas o medidas por delitos de alto impacto como: concierto para delinquir, tráfico/fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros. La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y/o son personalidades públicas. La concertación de todas estas personas ha llevado a la comisión ilícita de varias conductas como son: concierto para delinquir, en concurso con prevaricatos por acción/omisión, falsedad ideológica en documento público/privado, fraude procesal, fuga de presos y cohecho.