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Gobierno impulsará reparación de 82.000 víctimas de paramilitares

El Gobierno anunció que prepara medidas para agilizar la atención a 82.544 víctimas de los paramilitares que se desmovilizaron y para impulsar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

El Gobierno anunció que prepara medidas para agilizar la atención a 82.544 víctimas de los paramilitares que se desmovilizaron y para impulsar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi y el alto comisionado presidencial para la Paz, Luis Carlos Restrepo, indicaron en rueda de prensa que para ello se preparan varios decretos.

Precisaron que la desmovilización le ha costado al Estado en los últimos cinco años 18.961 millones de pesos, que equivalen a 9 millones de dólares, mientras que la reintegración total de los ex rebeldes a la sociedad habrá costado en el 2008 más de 100 millones de dólares.

El ministro Holguín Sardi indicó que se busca "acelerar los procesos judiciales y sobre todo la reparación a las víctimas".

El Gobierno reveló que en virtud de la desmovilización, 31.671 personas se acogieron a los beneficios de la ley y de ese total cerca de 3.100 paramilitares son elegibles para acogerse a la Ley de Justicia y Paz promulgada en el 2005.

"la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación elaboró un dossier de cada bloque o frente desmovilizado, que incluya la búsqueda de anotaciones penales y la revisión de un total de 92.225 procesos", indicó el comisionado.

El Gobierno ha ubicado hasta ahora a 82.544 víctimas de los paramilitares que en un 95 por ciento de los casos desconocen quien fue su victimario.

"Estas cifras indican un avance extraordinario en materia de verdad, pero plantean serios interrogantes en términos de la oportunidad y la celeridad en cuanto a justicia y reparación", expresó el alto comisionado.

Recordó que el Gobierno aumentó en 40 millones de dólares los recursos del presupuesto de 2008 para incrementar en 235 el numero de fiscales y en 1.215 el numero de investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

El ministro del interior indicó que uno de los decretos anunciados, que está en preparación, fija un plazo para que comparezcan ante los fiscales de Justicia y Paz todos los postulados a la ley de Justicia y Paz que no lo han hecho, que si no lo hacen perderán beneficios como la rebaja e penas y podrán ser detenidos.

Otro decreto plantea la posibilidad de "establecer un programa administrativo de reparación integral y universal a través del cual las víctimas puedan recibir del Estado, como ha ocurrido recientemente en Chile, Perú y Guatemala", indicó.

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