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Madres de Soacha les hablan a Santos y a Uribe

Las integrantes del colectivo de Derechos Humanos piden que los "falsos positivos" no entren a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Flor Hilda Hernández, Carmenza Gómez Romero y Luz Edilia Palacio en La W. Foto: La W con Vicky Dávila

Flor Hilda Hernández, Carmenza Gómez Romero y Luz Edilia Palacio en La W. Foto: La W con Vicky Dávila(Thot)

El pasado 3 de abril, la jueza primera especializada de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, por el caso de “falsos positivos” de 2008 cuando las Fuerzas Armadas asesinaron a 19 jóvenes de Soacha y Bogotá, presentándolos falsamente como guerrilleros muertos en combate. El fallo se produjo después de que un juez de garantías se declarara impedido para tramitar uno de los procesos debido a la entrada en vigencia de la nueva Justicia Especial para la Paz.

Así, los uniformados fueron condenados a penas que van de 38 a 52 años de cárcel y además se deberá erigir un monumento en honor a las víctimas. Pero a pesar de la crisis política que se desató en su momento en torno al caso, que alcanzó instancias internacionales y obligó al gobierno de Álvaro Uribe a llevar a cabo una purga en los altos mandos de la época, estas son apenas las primeras condenas que se imponen casi diez años después.

Sin embargo, ha surgido la posibilidad de que el caso terminara sumándose a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a que varios defensores de militares procesados han apelado a la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales tienen relación directa con el conflicto.

No obstante, en la reforma constitucional que estableció la JEP se ordena la revisión caso por caso con el propósito de que el traslado de procesos no sea automático. Por esta razón, los hechos en los que la motivación de los militares respondía a incentivos económicos o de descansos deberían seguir su tránsito en la justicia ordinaria como ha sido hasta el momento.

Incluso la juez que leyó las sentencias contra los uniformados advierte que los “falsos positivos” no fueron muertes en combate, ya que “los militares organizaron una banda criminal (…) son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir”, por lo que los implicados son responsables de delitos de lesa humanidad.

Siendo así, y teniendo en cuenta que hasta ahora los militares han negado su responsabilidad en estos hechos, las madres de las víctimas han pedido que se les niegue la entrada a la JEP. Flor Hilda Hernández, Carmenza Gómez Romero y Luz Edilia Palacio, miembros de la organización Madres de Soacha, contaron en La W en qué circunstancias se presentó la desaparición de sus hijos y qué esperan a propósito del falló en que se condenó a los 21 militares.

Flor Hernández, de Soacha (Cundinamarca) y quien viajó a Ocaña (Norte de Santander) en septiembre del 2008 para encontrar el cuerpo de su hijo Elkin Gustavo Verano Hernández que había desaparecido meses atrás, advierte que ve a los militares y aún siente rabia: “Con un perdón que nos den (los militares), no nos van a devolver a nuestros hijos (…) a mí me quitaron un hijo, que a ellos los perdone dios”, dijo.

Por su parte Carmenza Gómez Romero, otra de las once madres de Soacha a quienes en el año 2009 le asesinaron a dos de sus hijos (Víctor Fernando y John Nilson Gómez), advierte que “Santos no destapó esta "olla podrida" de falsos positivos, fuimos las Madres de Soacha”.

Luz Edilia Palacio, madre de Jáder Andrés Palacio, reclama que el presidente Juan Manuel Santos nunca ha sacado tiempo para entrevistarse con ellas ni escuchar sus testimonios.

De esta manera, las mujeres relatan que lloraron durante la lectura del fallo y que incluso se enteraron exactamente de cómo se habían llevado a sus hijos. Sin embargo, un aspecto en el que concuerdan es que, aunque no pueden señalar al expresidente Álvaro Uribe y al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos como directos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, los culpables del caso son quienes estaban al mando en ese entonces y deben pagar.

“Lo único que le pedimos a las Fuerzas Militares es que no dilaten el proceso (…) que no acudan a segundas instancias (…) que paguen por lo que hicieron”, concluyen las Madres de Soacha.

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