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Medidas cautelares a 58 bienes de constructores que aportaban dinero a campañas políticas

Los involucrados se quedaban con obras de los mandatarios de San Andrés a los cuales les habían entregado dinero.

Un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que les adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo. Foto: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación sigue dando golpes a los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales les adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.

Las investigaciones de la Fiscalía ahora se centraron en la isla de San Andrés este departamento que también fue afectado en sus finanzas a través de la presunta entrega irregular de las obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otras.

El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación permitió detectó 58 bienes: 51 inmuebles, cuatro sociedades y tres establecimientos de comercio que estarían a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.

Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.

Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y están distribuidos de la siguiente manera:

- 30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Estos bienes estarían en cabeza de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A.; y Fernando León Diez Cardona.

- 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua. En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay.

Estas dos casas, cuyo valor ascendería a 5.000 millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente. También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volvería al Frisco.

- Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.

- Cuatro sociedades y tres establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia) que conformaron los consorcios contratistas. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores se incautaron de 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.

Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.