Ningún funcionario público está inmune a responsabilidades fiscales, explica el Consejo de Estado
El magistrado Gustavo Gómez dijo que la Contraloría sí es competente para investigar a magistrados del CSJ a quienes se les adelanta investigaciones por el "carrusel de pensiones"
(Thot)
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, aclaró en La W que la Contraloría sí es competente para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura a quienes se les adelanta una investigación de carácter fiscal por el llamado “carrusel de las pensiones”.
“Acá se deriva que la Contraloría es el órgano constitucional y legal para hacer ese tipo de averiguaciones y responsabilidad por hecho que pueden tener connotaciones disciplinarias para que vaya a la Comisión de Acusaciones”, señaló
Una Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura había determinado que el ente encargado de investigar a los magistrados de la Judicatura era la Comisión de Acusaciones y no la Contralora.
Gómez explicó que ahora habrá que determinar qué organismo es el encargado de determinar si la decisión de la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura quebranta o no quebranta el orden jurídico.
El magistrado explicó que en el campo fiscal “no existe ningún funcionario público en un Estado de Derecho que sea inmune a la esas responsabilidades”.
“Acá quedó claro que la actividad de control fiscal es una actividad administrativa y por orden constitucional radicada en el órgano de control fiscal que es la Contraloría”, explicó.
Finalmente, dijo que la decisión del Consejo de Estado es de última instancia.
“Esto es final final y no tiene recursos”, puntualizó.
“Acá se deriva que la Contraloría es el órgano constitucional y legal para hacer ese tipo de averiguaciones y responsabilidad por hecho que pueden tener connotaciones disciplinarias para que vaya a la Comisión de Acusaciones”, señaló
Una Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura había determinado que el ente encargado de investigar a los magistrados de la Judicatura era la Comisión de Acusaciones y no la Contralora.
Gómez explicó que ahora habrá que determinar qué organismo es el encargado de determinar si la decisión de la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura quebranta o no quebranta el orden jurídico.
El magistrado explicó que en el campo fiscal “no existe ningún funcionario público en un Estado de Derecho que sea inmune a la esas responsabilidades”.
“Acá quedó claro que la actividad de control fiscal es una actividad administrativa y por orden constitucional radicada en el órgano de control fiscal que es la Contraloría”, explicó.
Finalmente, dijo que la decisión del Consejo de Estado es de última instancia.
“Esto es final final y no tiene recursos”, puntualizó.
