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No tengo nada que esconder: fiscal respondió a señalamientos sobre bienes ocultos

En entrevista con Yamid Amat para el periódico El Tiempo, Martínez aclaró las condiciones de sus propiedades en España a la vez que anunció nuevas pruebas en el caso Santrich.

Néstor Humberto Martínez. Foto: Colprensa

Tras los señalamientos hechos por el periodista Gonzalo Guillen en contra del fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, donde se pone en tela de juicio la procedencia de sus bienes en el exterior, además afirmar que dichos bienes no han sido declarados en el país, el funcionario respondió a través de una entrevista concedida al diario El Tiempo, y realizada por el periodista Yamid Amat.

En esta, Martínez aclaró las razones por las cuales, en medio de su defensa a los señalamientos, no ha hecho pública su declaración de renta, como se lo han sugerido, y explicó que, dada las condiciones del formulario, la especificidad de sus bienes no queda consignada allí, razón que a su vez daría espacio para nuevas conjeturas o afirmaciones mal intencionadas de ocultamiento de sus bienes.

Martínez dijo que nunca ha ocultado tener una propiedad en España, más específicamente un apartamento, adquirido a través de una sociedad registrada en Panamá con el nombre Amanda Advisors, de la cual negó que funcione a través de acciones al portador, aclarando que ésta funciona por medio de “100 acciones de capital nominativas”, de las cuales tiene información las autoridades colombianas, y que están a nombre de su familia.

Martínez enfatizó que los señalamientos en su contra son falsos, e incluso aclaró que el supuesto ocultamiento de bienes del cual es acusado, no es posible debido a normativas en la legislación panameña, trayendo a colación la Ley 47 de 2013.

De igual modo, señaló que, tras su llegada a la Fiscalía General, ha sido objeto de intentos para desvirtuar su acción frente al ente acusatorio, manifestando que lo considera normal debido a las funciones que realiza en la investigación contra diversos casos de corrupción.

Sobre los casos de chuzadas afirmó que “eso es parte del deterioro moral del país”, lamentando que las personas implicadas en las escuchas ilegales se “indignen” cuando se les investiga por dichos hechos; lo anterior, recordando también que existen evidencia que prueban que él también ha sido víctima de las chuzadas y seguimientos.

El caso en torno a los bienes de Martínez ha trascendido las barreras fronterizas de Colombia, y en el parlamento español, un diputado del partido Podemos ha solicitado se investiguen los bienes del funcionario en ese país, alertando incluso sobre la posible ocurrencia de un caso de lavado de dineros, lo cual desencadenaría un rastreo al origen del capital del abogado.

Lo anterior, significaría el envío de un cuestionario por parte del ente correspondiente en España a las autoridades colombianas, y si es necesario a los entes tributarios nacionales.  

 

Acusaciones de pruebas falsas contra ex guerrilleros.

Martínez también se refirió, en mencionada entrevista, a los señalamientos hechos en su contra por ex guerrilleros de las Farc, quienes en su momento lo acusaron de haber montado todo un plan para minar el trámite de sus casos ante la JEP, refiriéndose al caso que cursa contra Jesús Santrich y otros, por narcotráfico, en hechos que habrían ocurrido con posterioridad a la firma de paz del teatro Colon, y que según lo acordado corresponde que sean juzgados por la justicia Ordinaria.

Sobre el caso Santrich confirmó que tiene algunas pruebas fonográficas, más específicamente 12 audios que serán dados a conocer una vez la JEP defina sobre el llamado a extradición en el dicho expediente, esto, según Martínez, para no inferir en las decisiones del tribunal.

“Yo tengo la obligación moral, judicial y política de mostrarle a la nación que esto no es un montaje … he tomado la decisión de hacer públicos esos audios”, afirmó en la entrevista publicada por El Tiempo.

“Resultaría irónico que por aplicar el proceso de paz se acabe el proceso”, afirmó en referencia a quienes afirman que las investigaciones en contra de algunos líderes ex guerrilleros ponen en peligro lo acordado en La Habana y recordó que es el mismo acuerdo el que prevé que los delitos posteriores a la firma del acuerdo serían materia de investigación de la justicia ordinaria.