Padre Mario Castrillón: casa cural por cárcel

Este ha sido el único sacerdote de la arquidiócesis de Medellín condenado a 100 meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Castrillón pagó su condena en casa cural por cárcel y luego fue enviado a la cárcel de Bellavista, en Medellín. A pesar de ser acusado y juzgado como pederasta, ejerce su sacerdocio en la pomposa clínica de El Rosario, en el barrio El Poblado, y colabora en la parroquia San Juan Apóstol, ubicada frente al centro comercial más imponente de Medellín: El Tesoro.

Este presbítero tiene 59 años, nació en Angostura, Antioquia, la tierra del padre Marianito, primer Beato de Colombia. Fue ordenado diácono en marzo de 1986 por el entonces cardenal Alfonso López Trujillo; y en julio de ese mismo fue ordenado sacerdote, junto a otros 91 jóvenes, por el papa Juan Pablo II que visitaba Colombia por esos días. A sus 28 años, Castrillón ya podía celebrar la eucaristía y perdonar pecados.

Desde su ordenación sacerdotal la carrera del padre Mario Castrillón ha ido in crescendo. Once años como primer párroco de Cristo Resucitado, en Itagüí, hasta 1997. Fue vicario foráneo de la Zona Sur de la Arquidiócesis en 1996, es decir, la representación del arzobispo ante los sacerdotes que ejercen su ministerio en esas parroquias. Luego, en 1998, fue nombrado párroco en El Calvario, una hermosa e histórica parroquia de la comuna 4 de Medellín, en el barrio Campo Valdés. Su nombramiento es en sí un premio, pues esta es una parroquia muy codiciada por todo el clero. Allí ejerce su ministerio hasta 2002, cuando es nombrado párroco en Las Bienaventuranzas, en el barrio 20 de Julio en la comuna 13 de Medellín, que para esos días vivía un conflicto agudo, que redundó en la intervención del Estado a través de la muy mal recordada Operación Orión. Esa fue la bienvenida que le dieron al nuevo párroco, quien estuvo allí hasta 2007.

Es precisamente en Las Bienaventuranzas donde se dieron los abusos del padre Mario Castrillón contra dos menores de edad, uno de 9 y otro de 11 años. Por respeto a su dignidad, esta investigación no publica los nombres de las víctimas, quienes hoy ya son mayores de edad. Al primero lo identificaremos como Federico y al segundo como Antonio.

El 12 de diciembre de 2006, Antonio acude a la Fiscalía y denuncia al padre Castrillón por actos sexuales cometidos desde mayo de 2004, cuando tenía 11 años e ingresó al grupo de acólitos de la parroquia. Los abusos se dieron hasta 2005 cuando el menor se cansó y se retiró del grupo de monaguillos. Los actos, según concluye la Fiscalía, fueron sistemáticos. Vivía con su madre y su padrastro, con quienes también ingresó al SINE (Sistema Integral de Nueva Evangelización), una iniciativa mundial de evangelización dentro de la Iglesia Católica y en la que el padre Castrillón era experto. Madre y padrastro eran cercanos a la parroquia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía «el sacerdote aprovechó su calidad de concejero [sic] y guía espiritual de los menores, para lograr de éstos los favores sexuales que llenaran su apetito lujurioso, logrando de esta forma propiciarle el beso a Federico y acceder carnalmente a Antonio».

Las descripciones que hacen ambos menores de los abusos del padre Castrillón son tan fuertes, degradantes y abominables que esta investigación las omite. En resumen, relata la Fiscalía, en 2004 el sacerdote, después de misa, llevó al menor de 9 años a su oficina, lo sentó en las piernas, le empezó a acariciar las piernas, los hombros y como él no se dejaba, lo cogió a fuerza y le dio un beso en la boca. El caso de Antonio es el más grave de los dos y fue el detonante para la condena por parte de la Corte Suprema. Hubo más que caricias y besos. De forma sistemática lo accedió con el asta viril y al no lograrlo procedía a estimularse con las extremidades del menor. Esto llevó a que Antonio intentara suicidarse; además, cortó cualquier tipo de relación con terceros ya que el padre Castrillón ni siquiera le permitía tener novia.

Era tal la depresión del menor que, según dictamen psiquiátrico, se determina una anormal depresión y llanto fácil al contar lo ocurrido. Incluso se concluye depresión como diagnóstico principal y abuso sexual como diagnóstico secundario.

Según la Fiscalía, el menor manifestó, con suficiente amplitud, cómo era abordado por el sindicado dentro de las instalaciones de la parroquia para ejercer sobre él su voluntad y así ejecutar sobre su humanidad actos netamente eróticos con un gran contenido corruptor y degradante para su moral sexual. Pone como ejemplo la Fiscalía los tocamientos genitales, el sexo oral recíproco, la masturbación y la penetración anal; acciones que se realizaron en varias ocasiones siempre abusando de la figura de orientador espiritual y de la clara posición de garante que tenía como líder de la parroquia. Es importante reiterar que, al momento de ocurrir estos hechos, el menor solo contaba con 11 años de edad.

Para silenciar a Antonio, relata el Fiscal, el sindicado le daba ropa, dinero, cosas y, particularmente, le dio un celular que estaba a nombre del padrastro. El menor nunca rechazó estos actos porque el padre Castrillón le podría hacer algo, como una maldición o contarle a la mamá.

Las tres veces que Antonio relató lo ocurrido ante los autoridades fue coherente y consistente con los diversos actos en contra de la libertad y la integridad sexual realizados por el padre Castrillón, quien a pesar de ser autor de tan aberrantes actos, hoy sigue activo dentro la Iglesia Católica.

La defensa del religioso, según la Procuraduría, «siempre ha estado enfocada a demostrar la buena conducta de su mandante, más no a controvertir el suceso criminal». Lo único que dice el sacerdote sobre Antonio es que se retiró del grupo de acólitos «por falso, por mentiroso, por violencia pasiva, por problemas con sus padres»; descalificó su testimonio a lo que la Fiscalía respondió vehementemente: «Ninguna tacha merece el Testimonio de Antonio. Por el contrario, el relato vertido en él se aprecia coherente, seguro, honesto, desinteresado, y por ende imparcial […] En ninguna de las intervenciones dio muestras de inseguridad que pudieran llegar a pensar fundadamente que los hechos por él narrados no ocurrieron, o sucedieron parcialmente o son simple fruto de la imaginación».

La historia sigue. Antonio y su madre denunciaron en la Fiscalía en diciembre de 2006 tras intentar fallidamente hablar con el arzobispo de Medellín. Es decir, el entonces arzobispo, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, estaba al tanto de las graves acusaciones contra del padre Castrillón y prueba de eso es que el 8 de agosto de 2006 le envió una carta de apoyo al sacerdote en la que manifestaba: «Comprendo el sufrimiento que ha tenido causado por la irresponsabilidad de alguna persona. Puede estar seguro de mi intención de apoyarlo en su vida y ministerio sacerdotal. Espero que el señor nos haga ver unos horizontes más tranquilos y pacíficos para usted y, desde luego, su ministerio parroquial».

Los horizontes aparecieron, lo sacó de la comuna 13 y lo nombró párroco el 15 de enero de 2007 en El Sagrario. O sea, un mes después de la denuncia de Antonio, el sacerdote es premiado con otra de las parroquias codiciadas en Medellín, en el barrio Sevilla, cerca de la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico y el Parque Explora.

El arzobispo de Medellín, monseñor Giraldo Jaramillo, encubrió y protegió a un sacerdote señalado de abusar de menores y lo trasladó sin informarle a los feligreses de los peligros que este sacerdote podría representar. La Fiscalía, que se opuso al beneficio de casa por cárcel, argumentó: «El comportamiento del sindicado no nos entrega elementos de juicio para deducir fundada y seriamente, que por su desempeño como sacerdote, no colocará en peligro a la comunidad». A pesar de esto fue enviado a vivir cómodamente en una de las parroquias insignias de la arquidiócesis. Es diferente una casa cural por cárcel en la comuna 13 a una en pleno corazón de Medellín.

El escrito de acusación contra Castrillón fue ratificado por tres jueces, pues luego de la condena del 10 de junio de 2009, tras dilatar la investigación,  la defensa del sacerdote apeló en varias instancias, pero todas, incluyendo la Corte Suprema, la ratificaron. Fue una pelea de titanes; la Iglesia apeló al Concordato para ganarle una sola batalla a la Fiscalía: el sacerdote se quedó en casa cural por cárcel desde su arresto el 28 de agosto de 2007 hasta el 11 de marzo de 2010 cuando el magistrado de la Corte Suprema Jorge Luis Quintero Milanés contra Castrillón. Cualquier otro ciudadano en la situación del sacerdote tendría que ir a un centro carcelario, pues podría poner en riesgo a otros niños, pero el artículo xx del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede en referencia a la detención de los clérigos indica: «en la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes, pero, si fueren condenados en última instancia, se les aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de las penas».

La Fiscalía aceptó las disposiciones del Concordato y acordó que el sacerdote permanecería en la casa cural por cárcel que el arzobispo asignara. En todas las comunicaciones, la Arquidiócesis le recuerda a jueces y fiscales los compromisos de Colombia con el Concordato firmado con la Santa Sede en 1973.

Apelando al trato laxo y amable de este documento con los sacerdotes, el arzobispo Giraldo Jaramillo pensó en mandar a Castrillón primero a la parroquia de Santa Ana, en Sabaneta, pero reculó y lo dejó como párroco de El Sagrario. Lo que la Fiscalía no aceptó fue que el sacerdote siguiera ejerciendo su ministerio sacerdotal. En una carta del 5 de septiembre de 2007, el fiscal del caso, Darío de Jesús Muñoz Bedoya, le escribió al arzobispo: «Como esta medida (detención preventiva en Casa Cural) no lo faculta para ejercer el sacerdocio, en el menor tiempo posible, le solicito informar al despacho el nombre del reemplazo del sacerdote, a quien se le darán las directrices necesarias para estos eventos». El arzobispo, en un primer momento, le informa al fiscal que el reemplazo sería el padre Wilson Aníbal Buitrago, pero luego, en una carta del 24 de septiembre de 2007, le dice: «Respecto a la administración de la parroquia y al ejercicio de las funciones sacerdotales del Padre Mario, comprendo que esto depende exclusivamente de mi responsabilidad como Arzobispo. Nadie, fuera del propio superior jerárquico de los sacerdotes, puede definir quién y cómo se hace la administración parroquial. En ese contexto solamente es el Obispo el que puede dar instrucciones para el manejo de la parroquia sea al padre Mario Castrillón». En otras palabras, casa cural por cárcel con ejercicio de sus funciones como sacerdote, como ocurrió. Así, el padre Castrillón, a pesar de las graves acusaciones en su contra, siguió ejerciendo su ministerio, por ende, siguió en contacto con menores de edad. Todo esto en abierto desconocimiento de las normas que protegen a las víctimas de actos sexuales en Colombia y que establecen que el victimario no puede estar en el mismo lugar en detención preventiva que frecuenta o en cercanía de las víctimas. Adicionalmente, es increíble ver cómo, pese a las graves acusaciones, la Arquidiócesis pretendió que el Concordato estuviera por encima de las leyes y de las medidas de protección a los menores.

Esta situación de protección reforzada al acusado se evidencia con una comunicación del 17 de mayo de 2007, dirigida al fiscal encargado de la investigación, en la que se da respuesta a una pregunta sobre la existencia de casos en contra del padre Castrillón, a lo que el vicario general, monseñor Alfonso Vásquez, le recuerda que el Derecho Canónico busca proteger la reputación del acusado y que los casos en conocimiento de la Arquidiócesis están sometidos a reserva y, por lo tanto, no están obligados a dar información sobre las investigaciones que llevan. En esta carta se evidencia nuevamente el interés de la Arquidiócesis de Medellín de proteger, a como dé lugar, al padre Castrillón y seguir ocultando otros posibles casos en contra de la integridad de los menores.

Es importante resaltar que en el caso del padre Castrillón no nos encontramos frente a una única víctima; el relato de estas desviaciones sexuales se repite en dos casos distintos de menores que fungían como acólitos de la parroquia del 20 de Julio, lo que desvirtúa cualquier conjetura en torno a que se quería dañar el buen nombre del padre Castrillón. A esta conclusión llegan los dos despachos de instancia a los que fue sometido el proceso y donde la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación interpuesta por la defensa del padre Castrillón debido a una inadecuada presentación de la misma y una indebida sustentación de los cargos aludidos por el defensor. Pese a todo esto, la Arquidiócesis de Medellín lo sostiene como guía espiritual a pesar de haber sido condenado por delitos sexuales en contra de menores.

Como parte de los argumentos defensivos se introdujeron 5.000 firmas de miembros de la parroquia donde casi se idolatra al padre Mario Castrillón, argumento que fue rebatido por el Juzgado de Primera Instancia cuando afirma lo siguiente: «nos encontramos frente a una sociedad arraigada a los principios de la fe cristiana, que, como bien lo dice el señor Fiscal Tercero Delegado, puede vislumbrar las acusaciones de los infantes como un “sacrilegio en contra de un ministro de la Iglesia”, empero, la judicatura se aleja de dichas concepciones religiosas y sigue fiel, como es debido única y exclusivamente a lo probado en el proceso. Y es que, con el debido respeto que se merece el señor defensor del procesado, qué sentido tiene para una causa penal en la que se debate la responsabilidad de una persona en un delito contra la integridad sexual de dos menores, que los creyentes manifiesten que su líder espiritual es una persona íntegra que nunca atentaría contra la moral de la Iglesia, ¿es que acaso los devotos de la Iglesia conocen la vida íntima del sacerdote? O ¿Conviven con él las 24 horas del día?».

La comunidad de El Sagrario nunca se enteró de que el sacerdote que los confesaba y les celebraba los sacramentos era un depredador de menores. Una vez condenado, el religioso salió de esa parroquia directo a la cárcel Bellavista, donde estuvo dos años más. No pagó la condena completa.

Lo más impactante de esta historia es que los sacerdotes que durante la fase preliminar están siendo investigados por actos sexuales contra menores de edad, no son enviados a un centro de reclusión, como pasaría con cualquier colombiano, sino que, amparados en un vetusto concordato, son remitidos a las casas curales, y cuando son condenados la Arquidiócesis pide que no los envíen a cárceles sino que sean remitidos a la casa sacerdotal San Alberto Hurtado, ubicada en Copacabana. Prueba de esto es una comunicación del 26 de marzo de 2010 firmada por el entonces arzobispo en la que, para el caso Castrillón, solicita lo anterior y concluye él mismo que: «ya he propuesto este sitio a otros funcionarios judiciales en situaciones similares a esta». Esto permite presumir que más de un caso de pederastia no ha terminado donde debería, en la cárcel, sino en esta casa para sacerdotes «con dificultades», como los describe el actual arzobispo de Medellín.

El primero de marzo de 2018, el arzobispo Ricardo Tobón respondió una entrevista frente a este y otros casos:

Juan Pablo Barrientos (JPB): Ya que menciona el caso del padre Mario Castrillón, que ya es asunto juzgado, ¿por qué él sigue ejerciendo hoy en día en El Poblado y en El Tesoro?

Arzobispo Ricardo Tobón (ART): Él pagó su condena, es un sacerdote que pagó su condena.

JPB: ¿De cuánto fue esa condena, Monseñor?

ART: No recuerdo exactamente. Varios años.

JPB: ¿Pero un sacerdote que paga condena puede salir y seguir ejerciendo en una parroquia, y seguir exponiendo a los niños frente una persona que ha cometido un delito de estos?

ART: Finalmente para la investigación canónica, no hubo elementos probatorios en este caso. En este momento, es simplemente un capellán de un hospital.

JPB: Y colabora en una parroquia en El Tesoro.

ART: A veces colabora con una eucaristía.

JPB: O sea, la justicia civil sí encontró méritos para condenarlo, pero la canónica no.

ART: Sí. No siempre las investigaciones o sentencias coinciden.

JPB: O sea, ¿para ustedes el padre Mario Castrillón es inocente?

ART: No tuvimos elementos probatorios y no hicimos sentencia.

JPB: ¿Entonces puede seguir ejerciendo sin problemas?

ART: En este momento sí.

JPB: ¿Así haya sido juzgado por la Corte Suprema?

ART: Fue juzgado y pagó la condena.

JPB: ¿Eso a ustedes los deja tranquilos?

ART: El padre tuvo todo un proceso espiritual y todo un tratamiento de acompañamiento y, finalmente, está vinculado parcialmente al Ministerio.

JPB: ¿Por qué parcialmente?

ART: Porque es capellán, no es el encargado de una comunidad y no es un párroco. Está encargado de una capellanía de una clínica.

JPB: ¿Y por qué no le dan una parroquia?

ART: Precisamente, para darle un espacio conveniente a lo que él puede realizar en este momento.

En conclusión, según lo que dijo el arzobispo de Medellín, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría, en tiempos de Alejandro Ordóñez, encontraron méritos suficientes para endilgar responsabilidad al padre Castrillón, situación que se confirma en el Juzgado 27 de Medellín, el Tribunal Superior de dicha ciudad, y la Corte Suprema de Justicia, insiste el arzobispo en encontrar inocente a su sacerdote con base en el Derecho Canónico, dándole como premio la continuación de su ministerio.

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