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Procuraduría abre investigación y suspende al representante a la Cámara, Hernán Estupiñán

Al parecer, solo dos miembros de la UTL del representante prestan sus servicios desde Bogotá mientras que los seis servidores públicos restantes permanecen en Nariño.

El procurador abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al representante a la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán. Foto: Colprensa

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al representante a la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán. Esto por presunta exigencia de dinero a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) e irregularidades relacionadas con el manejo y control sobre los funcionarios adscritos a la misma.

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La medida cautelar de suspensión provisional fue ordenada para evitar, según los medios probatorios recaudados en la indagación preliminar, que el representante reitere la presunta conducta irregular. Esta consistía en nombrar funcionarios que, al parecer, no desempeñan sus labores en el Congreso en Bogotá, sino que permanecen en sus regiones de origen y no prestan sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados.

De esta manera, se busca establecer la posible existencia de faltas disciplinarias, teniendo en cuenta que, al parecer, solo dos miembros de la UTL del representante prestan sus servicios desde Bogotá. Mientras tanto, los seis restantes servidores públicos permanecen en Nariño, en actividades ajenas al rol funcional que justifica su vinculación al Congreso.

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De acuerdo con la Ley 5 de 1992, la UTL fue concebida para apoyar la labor legislativa y no puede ser considerada una herramienta al servicio particular del legislador, ni de su actividad proselitista.

El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública.