Procuraduría, en contra de las consultas populares municipales sobre minería
Cuestionaron abiertamente la consulta del Tolima. Afirman que los alcaldes no tienen competencias para consultar sobre esa "industria".
Minería. Foto: Colprensa.(Thot)
La Procuraduría General de la Nación le envió un documento al registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, advirtiéndole que los municipios que adelantan consultas populares sobre asuntos mineros no tienen competencias y ponen en "grave riesgo" "los derechos económicos y sociales" con sus "pretensiones".
Dice la Procuraduría que los alcaldes estarían extralimitándose en sus funciones pues "resulta claro que la competencia para fijar el procedimiento de participación ciudadana radica en cabeza del Gobierno Nacional".
Además, cuestionaron abiertamente la consulta popular en el Tolima, para la que fueron aprobados 550 millones de pesos, sugiriendo que deberían dedicarse a otro tema.
"El Ministerio Público invitó a hacer una reflexión sobre la situación de desempleo, informalidad, déficit de vivienda de interés social, la insuficiencia en el tratamiento de aguas residuales, por las que atraviesa la capital del departamento del Tolima y sugirió que estos dineros servirían para atender dignamente a la población más necesitada y vulnerable de Ibagué, aumentando la inversión en sectores como educación, salud, vivienda, que en gran medida se suplirían con los cuantiosos dineros que contaría la consulta popular en esa municipalidad”, resaltó la Procuraduría.
Advirtieron a siete alcaldes de posibles faltas por las consultas que adelantan
En carta enviada a los alcaldes de los municipios de El Paujil (Caquetá), Gachantivá (Boyacá), Medina (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Simacota (Santander) Cajamarca e Ibagué (Tolima), el organismo de control "advirtió el grave riesgo que corren los derechos económicos y sociales como consecuencia de la pretensión de impedir la ejecución de proyectos extractivos en estas jurisdicciones".
"Verifiquen la pertinencia jurídica de, eventualmente, proferir un acto administrativo con el que se pretenda consultar a la comunidad sobre la conveniencia de prohibir estas actividades en los municipios, cuya competencia, por expreso mandato superior, se halla en cabeza de una autoridad del orden nacional", le dijo la Procuraduría a dichos alcaldes.
