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Procuraduría llama la atención a alcaldes y gobernadores por protección de líderes

La Procuraduría adelanta más de 30 investigaciones contra funcionarios que han permitido o participado en el asesinato de los líderes.

Avanzan las investigaciones contra 30 funcionarios que han permitido o incluso participado en el asesinato de líderes sociales. Foto: Colprensa | Fernando Carrillo

Avanzan las investigaciones contra 30 funcionarios que han permitido o incluso participado en el asesinato de líderes sociales. Foto: Colprensa | Fernando Carrillo(Thot)

Avanzan las investigaciones contra 30 funcionarios que han permitido o incluso participado en el asesinato de líderes sociales. Foto: Colprensa | Fernando Carrillo

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que avanzan las investigaciones contra 30 funcionarios que han permitido o incluso participado en el asesinato de líderes sociales en el país.

En la Mesa por la Protección de la Vida, que se lleva a cabo en Apartadó, Carrillo indicó que se trata de funcionarios que “violan derechos humanos, han estigmatizado y  han puesto en riesgo la vida de los líderes sociales”.

Explicó que los mandatarios locales “no sólo deben disponer de los recursos de las alcaldías y gobernaciones e incorporar como política la defensa de los líderes sociales, sino demostrar que son capaces de prevenir el aniquilamiento de los líderes sociales dentro de sus jurisdicciones”.

Por esta razón, indicó que la Procuraduría va a expedir una circular “conminando a alcaldes y gobernadores a que se comprometan con la integridad física e intelectual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que alcaldes y gobernadores del país miren para otro lado, que la insensibilidad frente al asesinato de los líderes tenga espectadores como convidados de piedra”.

Agregó que se escucharán las cerca de 90 organizaciones en el evento y que se espera organizar un plan de acción para que el Estado pueda responder.

Sobre las cifras, dijo que hay disparidad entre las de la Defensoría, que son 342 asesinatos desde el 2016, y las del Gobierno. Sin embargo, dijo que “eso es completamente secundario, aquí el punto no es el conteo de cadáveres, de lo que se trata es de reforzar la acción del Estado y levantarnos a evitar que haya una muerte más”.

Por último, indicó que hay seis departamentos con mayor número de asesinatos y que en el caso de Urabá se ha comprobado una sistematicidad en el homicidio de defensores territoriales.

 

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