Procuraduría pidió no aprobar acuerdo de cooperación con la Otan

La Procuraduría General dijo que pidió a la Corte Constitucional que declare "inexequible" (improcedente) el acuerdo suscrito en 2013 por el país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre cooperación y seguridad de información.

La entidad manifestó en un comunicado que, en su concepto, el acuerdo "no define con precisión su finalidad" porque no hay claridad de qué tipo de información es la que se intercambiará, "vaguedad que podría tener consecuencias prácticas de gran importancia".

Según la Procuraduría, no se puede distinguir con claridad qué tipo de información cabe dentro de la denominación genérica de "información clasificada".

El organismo advierte que "podría tratarse de información personal y, en particular, de datos personales sensibles, con el consecuente problema de que no se prevén en el acuerdo formas para que esa información sea conocida por su titular".

Advierte la Procuraduría que si el intercambio de información se refiere a información pública, "el acuerdo es inconstitucional en su integridad, por cuanto sería contrario a los derechos previstos tanto en la Constitución Política como en la Convención Americana de Derechos Humanos".

Colombia y la Otan firmaron en junio de 2013 en Bruselas un acuerdo de intercambio de información y seguridad, que es el primer memorando de esta naturaleza que la Alianza suscribe con un país latinoamericano y que fue aprobado en agosto de ese año por la Cámara de Representantes del país andino.

En su momento, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que el acuerdo "permitirá que las experiencias de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y otras capacidades desarrolladas puedan ser conocidas por otros países que lo requieran".

Este acuerdo servirá asimismo a Colombia para adquirir conocimientos de la Alianza Atlántica, por ejemplo en materia de educación militar.

El documento suscrito no otorga a Colombia rango de socio sino que establece formas de cooperación para intereses comunes, pese a lo cual fue criticado en su momento por los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua.