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Trabajadores del Inpec rechazan acusaciones de corrupción por parte del fiscal general

Néstor Humberto Martínez advirtió que se cometen actos de corrupción al cobrar sobresueldos a los alcaldes de varias ciudades.

Néstor Humberto Martínez advirtió que cometen actos de corrupción al cobrar sobresueldos a los alcaldes de varias ciudades. Foto: Colprensa

La Unión de Trabajadores Penitenciarios rechazó las afirmaciones realizadas por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El jefe del ente acusador manifestó el pasado 15 de mayo que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cometen actos de corrupción al cobrar sobresueldos a los alcaldes de varias ciudades.

A través de un comunicado, así se pronunciaron los trabajadores penitenciarios:

En primer lugar, la opinión pública y sociedad en general deben saber que los internos detenidos preventivamente por mandato legal corresponden su manutención a las entidades territoriales, esos internos son aquellos que la justicia no ha vencido en juicio o que la misma fiscalía por su atasco judicial demoran en procesarlos hacinando las cárceles de Colombia.

Dicha obligación está contemplada en la ley 65 de 1993 artículo 19, con varios pronunciamientos de la honorable corte constitucional en las sentencias T 153 de 1998 y ahora recientemente en la T 388 de 2013 y T 762 de 2015 que ratifican la obligación de las alcaldías con dichos internos cuando están carezcan de centro carcelario debiendo celebrar convenios con el INPEC que integren los servicios establecidos en la ley 65 de 1993, ratificado en la ley 1709 de 2014.

Asocapitales, en cabeza del doctor Federico Gutiérrez ha querido endilgar esa responsabilidad al INPEC, cuando más de 200 alcaldes municipales han celebrado convenios interadministrativos con el INPEC para la manutención de los internos que NO son del INPEC sino de las entidades territoriales. Por lo anterior, no es cierto, que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito, contrario, la fiscalía general de la nación dio la noticia al revés, debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal como lo ha exigido la procuraduría general de la nación en varios pronunciamientos.

La honorable corte constitucional ha sentenciado que la crisis carcelaria es responsabilidad de todo el estado, entre ellos todos los órganos del poder público, así como existe una gran responsabilidad de las entidades territoriales que no han presupuestado los rublos para el pago y manutención de las personas privadas de la libertad a su cargo, al punto, que tenemos claro que donde estos alcaldes cumplieran sus obligaciones, la suerte del INPEC sería otra. Es por ello, que exigimos no echar la culpa al INPEC de la incoherente política criminal en Colombia, no producimos hacinamiento, lo soportamos, no tenemos los procesos de salud, alimentación, construcción, vigilancia electrónica, en las cárceles, estos son de la USPEC, pero se atribuye todo lo que tiene que ver con cárceles al INPEC.

Exigimos al director general del INPEC BG Jorge Luis Ramírez que salga a la defensa institucional a través de los medios de comunicación, el silencio solo le sirve a la campaña pública del candidato Vargas lleras que se alimenta de yerros como el antes anotado.