Economía

Polémico acuerdo por correo complica al Gobierno de Macri en un año electoral

Destapan polémico acuerdo para el pago de millonarias deudas alcanzado por el Estado argentino y la empresa Correo Argentino, cuyos accionistas son familiares del presidente Macri.

El vendaval se desató hace diez días, cuando una fiscal que interviene en el proceso judicial del concurso de acreedores del Correo Argentino cuestionó con dureza el acuerdo que en junio pasado el Ministerio de Comunicaciones alcanzó con la empresa por una deuda millonaria con el Estado pendiente desde 2001.

El dictamen de la fiscal, que objeta no solo el supuesto perjuicio para el Estado en el arreglo económico alcanzado sino también el presunto conflicto de intereses por tratarse de una empresa subsidiaria del grupo Macri, derivó en varias denuncias judiciales y una ofensiva de la oposición en el Parlamento.

A poco de desatado el escándalo, otro fiscal pidió formalmente a la Justicia investigar al presidente, quien lleva algo más de un año en el poder, y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para determinar posibles "conductas delictivas" en el marco del concurso del Correo Argentino, firma que tuvo a su cargo la concesión del correo oficial entre 1997 y 2003.

Siete días tardó Macri en salir a hablar del tema y fue el pasado jueves en una rueda de prensa donde defendió la actuación de Aguad y aseguró que él no tuvo intervención alguna en el trato, pero admitió que hubo errores en la "difusión de lo que se estaba haciendo" y que faltó generar "un mecanismo para controversias judiciales como esta".

"Si me equivoco, doy un paso atrás y me corrijo", dijo el mandatario, quien instruyó a Aguad para que el Estado vuelva a "hoja cero" en lo actuado en el marco de concurso de acreedores y se busque un nuevo arreglo, algo que en términos jurídicos no será tan fácil de hacer.

La marcha atrás de Macri tiene evidentes condimentos políticos en un año donde el oficialista frente Cambiemos afrontará en octubre una elección clave para el nuevo balance de fuerzas en el Parlamento.

La "corrección" de Macri, de hecho, se produjo luego de una conversación entre el presidente y Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, una de las fuerzas integrantes de Cambiemos.

"El año electoral manda sobre la cabeza de la política", dijo a Efe el analista Jorge Arias, de la consultora Polilat, quien marcó que, en un contexto electoral como este, el Gobierno "no puede aguantar un portazo" de Carrió.

El propio Macri, en su contacto con la prensa, ha ligado el escándalo con la "mala intención" de ciertos sectores en un año electoral.

Para Orlando D'adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la polémica le da "una oportunidad de oro" a la oposición para "contraatacar" al Gobierno.

Según D'adamo, el Ejecutivo está ante una "batalla comunicacional" compleja pues, aunque puedan ser válidas, sus explicaciones técnicas -jurídicas y económicas- son "difíciles" de comunicar a la opinión pública.

"Lo que la gente sí entiende es que esto es una cuestión que afecta a una empresa familiar vinculada directamente con el presidente y esto no beneficia a la imagen del Gobierno", apuntó a Efe el experto.

Para Arias, "parece increíble que el Gobierno haya cometido una torpeza tan grande en un tema tan sensible", aunque el analista valoró el hecho de que Macri "se haga cargo de una situación conflictiva y demuestre que tiene capacidad de corregir".

Con todo, lamentó constatar con este escándalo que la "grieta" social abierta durante el kirchnerismo en el poder sigue vigente, con una parte de la población que cree que Macri es, "en el mejor de los casos, un inexperto", y otro sector que "reacciona enfervorizado, convencido de que esto fue solo un error de sus funcionarios y él lo está corrigiendo".

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