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Constitucional reafirma desafuero a jueza por muerte de 41 niñas en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC-máximo tribunal) suspendió hoy de manera definitiva un amparo que había presentado la jueza de Paz, Rocío Albany Murillo Martínez, para evitar ser desaforada por la muerte de 41 niñas en el incendio de un hogar estatal en marzo pasado.

Guatemala, 8 ene (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC-máximo tribunal) suspendió hoy de manera definitiva un amparo que había presentado la jueza de Paz, Rocío Albany Murillo Martínez, para evitar ser desaforada por la muerte de 41 niñas en el incendio de un hogar estatal en marzo pasado.

El trámite del amparo promovido por la jueza en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por supuestamente haberla dejado en la "indefensión" al no haberle notificado del mismo, según Murillo, "no procede", resolvió la CC.

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia admitió, el pasado 28 de junio, darle trámite a la solicitud de antejuicio (desafuero) presentada en su contra por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Según Murillo, no fue notificada del trámite de antejuicio que aceptó la Cámara de Amparo y Antejuicio en su contra, por lo que sufrió de "violación a su derecho de defensa", así como al principio jurídico de "debido proceso", por lo que se quedó en "estado de indefensión".

El Tribunal Constitucional apuntó que, según el artículo 12 de la Carta Magna, la única indefensión "es la material y no la mera indefensión formal", de tal suerte que no toda notificación defectuosa implica siempre la vulneración de su derecho a la defensa.

Los magistrados del Supremo decidieron en octubre declarar "con lugar" el antejuicio y levantar la inmunidad de la jueza Murillo para que pueda ser investigada.

La solicitud de desafuero contra Murillo había sido presentada por la Fiscalía por la posible comisión de los delitos de "falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia", pues presuntamente la jueza no practicó una exhibición personal que debería haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Por este caso, el pasado 16 de agosto un juez decidió enviar a juicio oral y público al entonces titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, y a Santos Torres, quien era director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción cuando ocurrieron los hechos.

Ambos deberán afrontar un juicio por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad, aunque Torres también está acusado del delito de lesiones culposas.

También fueron detenidas y procesadas otras seis personas, entre funcionarios y policías, que aún esperan saber si deben o no ser juzgadas.EFE