Familiares de víctimas en Perú pedirán que se anule indulto a Fujimori

Familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en Perú, le pedirán este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que se anule el indulto humanitario otorgado por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre pasado.

Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por estos hechos, aunque tras el perdón otorgado por el Gobierno peruano, salió de la cárcel luego de diez años y ahora se encuentra en una mansión en el sector de La Molina, en Lima, con su familia.

Durante un acto celebrado este jueves ante la prensa en San José de Costa Rica, familiares y representantes de organizaciones, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (Cnddhh), o la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), manifestaron su rechazo al favor concedido a Fujimori y anunciaron parte de los argumentos que presentarán el viernes ante los jueces de la Corte.

Carlos Rivera, abogado de las víctimas, aseguró que “si bien el indulto ha sido calificado de humanitario debido a motivos de salud y condiciones carcelarias”, se ha cuestionado su legitimidad y ha sido “calificado como un acuerdo político” entre PPK y una facción del fujimorista partido Fuerza Popular (FP), liderado por Kenji Fujimori, el hijo del exmandatario y actual congresista.

Rivera afirmó que durante el año y medio de administración de PPK, el Congreso a través del fujimorismo ha presionado al Gobierno, “por lo que lo más conveniente era lograr un acuerdo”.

La defensa criticó las condiciones del indulto puesto que, según argumentó, las condiciones de salud de Fujimori y carcelarias no eran graves ni ponían en riesgo su vida.

Por último, el jurista reprochó la respuesta del Estado peruano frente a las masivas manifestaciones en diferentes ciudades del país que se han dado desde el 24 de diciembre en rechazo a la decisión. “Ha sido muy arbitraria y violenta”, declaró Rivera.

Gloria Cano, directora ejecutiva de Aprodeh, recalcó que “el Gobierno de PPK lo que hace es sancionar un indulto que permite a él, Fujimori, evadir la sanción penal que se le ha aplicado”.

Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro Cóndor, una de las víctimas de La Cantuta, señaló que el indulto a Fujimori no es justicia sino “un insulto”, y señaló que “reafirma el asesinato y desaparición” de sus familiares.

“Estamos aquí después de 13 años para demandar justicia, una justicia que el Gobierno peruano nos ha arrebatado”, añadió la mujer.

La directora del Cejil, Viviana Krsticevic, dijo que el perdón a Fujimori es “arbitrario y contrario a las obligaciones internacionales de Perú”.

En la audiencia del viernes, la CorteIDH escuchará al Estado peruano, a los representantes de las víctimas en los dos casos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según le confirmó el Cejil a la Agencia Anadolu, en la citación se discutirá si al indultar al exmandatario de 79 años, Perú incumplió o no con las sentencias de la Corte, que ordenan investigar y castigar a los responsables de las masacres y desapariciones forzadas ocurridas durante el Gobierno de Alberto Fujimori.