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La ciudad más poblada de Bolivia para contra el nuevo código penal

La ciudad boliviana de Santa Cruz (este), la más poblada y próspera de Bolivia, cumple hoy un paro ciudadano en contra del nuevo Código del Sistema Penal y la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios generales de 2019.

La Paz, 12 ene (EFE).- La ciudad boliviana de Santa Cruz (este), la más poblada y próspera de Bolivia, cumple hoy un paro ciudadano en contra del nuevo Código del Sistema Penal y la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios generales de 2019.

Con esta medida se pide al Gobierno que "que cambie, que reencauce su actitud y escuche a su pueblo", sostuvo en una rueda de prensa el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, cuya institución convocó al paro.

El dirigente cívico expresó que la perspectiva es que se desarrolle un paro "contundente, democrático y pacífico" a lo largo de la jornada.

Las actividades en comercios y algunos mercados de la capital cruceña están suspendidas, y varios sindicatos de transportistas se sumaron a la protesta dejando las principales vías sin circulación, según mostraron canales de televisión.

Los manifestantes también cumplen bloqueos callejeros en distintos puntos de la ciudad y también en la carretera internacional hacia Argentina, mientras que algunas personas que tenían que viajar en avión optaron por pasar la noche en el aeropuerto de Viru Viru para evitar los cierres de vías.

Sin embargo, en el Plan 3.000, un barrio popular habitado en su mayoría por migrantes del occidente del país, las actividades fueron casi normales, ya que no apoyaron la convocatoria de los cívicos.

En un encuentro de mujeres campesinas en Cochabamba (centro), el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, defendió la nueva legislación penal e insistió en que las protestas son políticas.

El nuevo Código del Sistema Penal, promulgado en diciembre pasado, ocasionó en las últimas semanas protestas de sectores como los médicos, transportistas, universitarios y algunos sindicatos, al considerar que algunos artículos de la norma les afectan.

Los sectores que rechazan la norma ven ambigüedades en su redacción y por ello temen que en el futuro haya una aplicación política de la normativa contra distintos sectores.

El Gobierno del presidente Morales ha defendido que esta ley es un instrumento para lograr cambios en la Justicia, superar problemas como la mora de los procesos e imponer sanciones a jueces y fiscales que incumplan con sus obligaciones, entre otros aspectos.

Los médicos fueron los primeros en protestar contra la norma y, tras 47 días de huelga, firmaron esta semana un acuerdo con las autoridades para eliminar un artículo que objetaban al considerar que criminalizaba su labor.

Hace unos días las Iglesias católica y evangélica también expresaron su desacuerdo con algunos artículos de la normativa, y la primera pidió su abrogación total para abrir un nuevo proceso consensuado para una nueva redacción.

También se manifestaron en contra las organizaciones de la prensa y algunos sindicatos de trabajadores que marcharon en las últimas horas en las principales ciudades del país andino.

Bajo la misma consigna, cerca de una veintena de legisladores de oposición cumple una huelga de hambre en el Parlamento desde hace cuatro días al considerar que el contenido de la norma no fue bien difundido y se aprobó sin los consensos suficientes. EFE