La ley mexicana que invisibiliza a indígenas y favorece megaproyectos

Por su relación ancestral con la tierra, las comunidades indígenas son las guardianas de los recursos naturales. Y, en ese sentido, también pueden obstaculizar los intereses de los empresarios.

Pero ahora, a través de una nueva ley promovida y aprobada por congresistas con vínculos empresariales, a las etnias mexicanas se les pretende debilitar su marco jurídico.

Se trata de la Ley General de la Biodiversidad, la cual ha sido presentada como una iniciativa madre que reúne todas las leyes ambientales del país.

La ley, que abre varios vacíos jurídicos, elimina el derecho a la consulta que tienen los 68 grupos etnicos mexicanos, y que está previsto en el Convenio169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Como pueblos indígenas tenemos derecho a ser consultados”, dice Hilda Hurtado, una lideresa de los Cucapá, una etnia ubicada en el Alto Golfo de California, en Baja California, cuyos usos y costumbres en torno a la pesca son ancestrales.

“Todos los pueblos indígenas estamos en la misma situación: en ese rezago, hostigamiento por parte del Gobierno”, dijo Hurtado en entrevista con la Agencia Anadolu.

El pasado 7 de marzo la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso mexicano se pronunció contra esta propuesta, señalando que vulnera los derechos de los pueblos indígenas respecto a sus conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.

Cándido Coheto, titular de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso mexicano, también le dijo a la Agencia Anadolu que “se han conservado celosamente los recursos naturales gracias a que los pueblos indígenas no han permitido el saqueo”.

Por esa razón la Comisión de Asuntos Indígenas presentó un análisis a la comisión dictaminadora, con el objetivo de “tener un instrumento jurídico que dé sustento y protección a los recursos de México y a los pueblos indígenas”.

Una ley mercantilista

En diciembre del 2017 el Senado aprobó la última modificación de la ley, liderada por el Partido Verde de México (PVEM), un grupo parlamentario criticado por varias organizaciones debido a que sus legisladores no tienen preparación en la materia y, además, tienen vínculos con empresas.

Una de sus integrantes es la senadora Ninfa Salinas, la principal promotora de la ley. Ella es hija de Ricardo Salinas Pliego, un poderoso empresario mexicano, quien es acusado por organizaciones ambientales de tener concesiones mineras en el país.

Según los expertos consultados, esta ley debilita el marco de las Áreas Naturales Protegidas, ya que megaproyectos de minería, inmobiliarios, fracking (fracturación hidráulica), aprovechamiento de fauna silvestre, entre otros recursos naturales.

“Se está excluyendo a las comunidades indígenas, que son guardianes de la biodiversidad. No le vemos la urgencia de legislar con estas prisas y contenidos”, dice Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica.

Eduardo Lino, un abogado especializado en materia ambiental, considera que “el hecho de que la ley no los tome en cuenta es con el afán de que no se interpongan entre los intereses mercantilistas”.

Sobre el proceso de discusión de la Ley General de la Biodiversidad, Raúl Arriaga, integrante del Colegio de Biólogos A.C., asegura que el PVEM “impedía acceso a expertos y organizaciones que no fueran de su línea”.

Arriaga sugiere que “no es necesario integrar todo en una ley de biodiversidad”, debido a que los instrumentos de gestión para el manejo de los recursos naturales derivan de procesos internacionales en los que México forma parte, como los de la OIT.

“En vez de la Ley, se debería fortalecer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con presupuesto y expertos”, añade.

Lino explica que el problema es que los legisladores no saben del asunto y, por otro lado, califica de preocupante que no exista un candidato presidencial que aborde este tema.