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Piden antejuicio contra el Gobierno de Guatemala por decreto por lluvias

Un partido opositor y una organización de Guatemala pidieron hoy un antejuicio contra el presidente, vicepresidente y ministros del país, para que se les retire la inmunidad, por emitir un decreto preventivo por lluvias que, señalan, violó los derechos de los ciudadanos y que ya fue derogado.

(Actualiza con petición de antejuicio de partido opositor)

Guatemala, 23 sep (EFE).- Un partido opositor y una organización de Guatemala pidieron hoy un antejuicio contra el presidente, vicepresidente y ministros del país, para que se les retire la inmunidad, por emitir un decreto preventivo por lluvias que, señalan, violó los derechos de los ciudadanos y que ya fue derogado.

El representante del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Rafael Maldonado, dijo a la prensa que la petición va en contra del presidente Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera y el equipo de ministros, por aprobar esa medida.

La otra solicitud fue presentada por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que considera que "se atentó contra la institucionalidad del país", dijo en una conferencia de prensa el legislador de esa agrupación Orlando Blanco, quien pidió investigar a Morales y a su gabinete "por resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad".

El Gobierno de Guatemala dictó esta semana un estado de prevención en diferentes puntos del país por el riesgo debido a las lluvias, pero lo anuló dos días después de su entrada en vigencia por las críticas suscitadas, pues prohibía, por ejemplo, el derecho a manifestarse.

El vicepresidente anunció este jueves que se declaró estado de calamidad en varias áreas consideradas de riesgo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad que ha identificado 8.200 puntos de riesgo por inundaciones y deslizamientos, lo que afecta a unos 3 millones de personas.

Maldonado dijo que detrás del decreto de prevención había "intereses oscuros" y que por ser una "acción ilícita" será la Justicia la que determine la responsabilidad de cada uno de los implicados, pues "el delito se cometió" y estuvo vigente,

"Esos dos días (en los que la medida estaba en vigor), la totalidad de habitantes de Guatemala vieron vulnerados sus derechos, garantizados en la Constitución", detalló.

El estado de calamidad, que debe ser ratificado por el Congreso, es una medida reactiva, tiene como fin preservar la vida de las personas en lugares de peligro y tendrá una vigencia de 30 días tras su aprobación en el Legislativo.

Guatemala es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y a las catástrofes naturales.

Las autoridades temen que se repita una catástrofe como la registrada en octubre del año pasado en El Cambray, una zona aledaña a la capital en la que un deslizamiento de tierra dejó 280 muertos y 70 desaparecidos. EFE