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Uruguay reconoce carencias para cumplir preceptos de ONU en justicia juvenil

Representantes de la sociedad civil y del Gobierno uruguayo reconocieron hoy en Montevideo "falta de capacitación" para implementar las recomendaciones sobre derechos humanos en el sistema de justicia juvenil y penitenciario en el país en base al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU en 2014.

Montevideo, 19 oct (EFE).- Representantes de la sociedad civil y del Gobierno uruguayo reconocieron hoy en Montevideo "falta de capacitación" para implementar las recomendaciones sobre derechos humanos en el sistema de justicia juvenil y penitenciario en el país en base al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU en 2014.

"Las recomendaciones que se han hecho continúan con plena vigencia la mayoría de ellas", admitió a Efe el coordinador del Comité de los Derechos Humanos de Uruguay, Juan Fumeiro.

Asimismo, puntualizó que existe falta de capacitación en los operadores, el sistema de justicia penal no es un sistema totalmente especializado, no tiene un ámbito territorial en toda la República, no existen tribunales especializados de apelación".

"Entonces continúan vigentes muchas de las recomendaciones y por lo cual hay que continuar trabajando y viendo la forma de implementar esas medidas que permitan revertir", recalcó.

El Examen Periódico Universal (EPU) es mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuyo objeto es mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros.

Uruguay fue evaluada por el EPU en enero de 2014 y en ese momento comenzó un plazo de cuatro años y medio para intentar cumplir las 187 recomendaciones, las cuales aceptó en su totalidad y se comprometió con su implementación.

Este proceso de aplicación será valorado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a mediados de 2018.

La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente de Uruguay (Inisa), Gabriela Fulco, explicó a la prensa que su organismo "está trabajando fuertemente" en "un contexto complicado" para aplicar correctamente las recomendaciones de la EPU debido a que aún no tienen el control de todos centros del país.

En ese sentido, especificó que entre las recomendaciones a mejorar están las condiciones de habitabilidad; la indumentaria, que debe ser adecuada para las estaciones del año y pareja; la ropa de cama; temas presupuestales sobre la rendición de cuentas o las investigaciones administrativas y sumarios sorbe maltrato.

"El otro gran tema es el trato de penas y penas degradantes que constituyen tortura y que ya hemos tenido antecedentes de procesamiento por todos conocidos", comentó.

Además, añadió que continúan "haciendo denuncias penales que no trascendieron pero que están en la órbita judicial y datos sobre investigaciones administrativas y sumarios que hay en todo lo que hace el rubro de maltrato hacia los jóvenes".

Según Fulco, su entidad está realizando algunas estrategias de "impacto rápido" como la identificación de todos los funcionarios penitenciarios, una línea de denuncia y un espacio para los padres de los menores.

"De a poquito estamos intentado generar esa confianza para que vengan a nuestra sede a contar las presuntas irregularidades que puedan sostener de parte de sus hijos", matizó.

No obstante, aseveró que "una recomendación muy importante" que para el país significa "un desafío" que tiene que hacer "sí o sí", es "que la medida privativa de libertad se constituya en el último recurso".

Ante esta advertencia, afirmó que su organismo estableció en noviembre de 2015 un nuevo modelo para trabajar con las medidas no privativas de libertad, que le dé mayores garantías a lo jueces a la hora de brindar ese beneficio.

"Estamos seguros de que la medida se va a desarrollar bien con toda su amplitud y que seguramente tengamos un alto porcentaje de éxito para la no reincidencia, que es lo que queremos de estos jóvenes", aseguró. EFE

scd/rfg/arm