Venezuela y Siria, focos mundiales de emigración

Por: Diego Carranza

Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá para abordar la creciente crisis migratoria de Venezuela. 

El secretario ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló al respecto que la región “debe adoptar una respuesta colectiva y uniforme” sobre el éxodo de venezolanos. En sus palabras, “Venezuela está sometida a una crisis humanitaria gigantesca” y la agudización de la misma, “ha propiciado el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina”.

Y en la víspera, HRW hizo un llamado para que los miembros de la OEA consideren alcanzar “un régimen uniforme de protección temporaria para dar seguridad y estatus legal a los venezolanos que necesitan protección”.

Habrá que esperar el resultado de esta reunión, en la que posiblemente se apruebe una resolución que aliente a las autoridades de la nación caribeña, de nuevo, al establecimiento de un canal humanitario para atender de manera inmediata a los venezolanos que permanecen en su país.

El éxodo en Venezuela empezó en 2002, pero se agudizó entre 2013 y 2015 y ha alcanzado la cifra de casi 2.3 millones de emigrados, de una población total estimada de 32 millones. Más de 1'600.000 de personas han abandonado su país desde 2015, de los cuales el 90% se ha dirigido a países suramericanos, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según HRW, este es el mayor éxodo en Latinoamérica en las últimas cinco décadas. 

El actual contexto latinoamericano permite hacer un símil (guardando las grandes diferencias) con la situación que vive Siria, a 11.000 kilómetros de distancia, y que completa más de siete años de guerra civil (marzo de 2011 - agosto de 2018).

Según la ONU, el conflicto en este país árabe deja más de 500.000 muertos, 5,6 millones de sirios exiliados y otros 6,6 millones de desplazados internos. HRW por su parte, citando la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, dice que “la propagación e intensificación de los combates han desencadenado una grave crisis humanitaria, con 6,1 millones de desplazados internos y 4,8 millones de refugiados en países vecinos”. Otros datos elevan la cifra a 6,8 y 6,9 millones de emigrantes sirios.

Pero más allá de los datos y las diferencias entre uno y otro caso, uno de los asuntos que tiene en alerta a la comunidad internacional es la masiva migración de personas, pues además de las condiciones de las que huyen en su país, deben afrontar numerosos retos al cruzar la frontera. 

Colombia y Turquía son los que más han sentido el peso de las crisis en Venezuela y Siria, que por su cercanía, han recibido un gran número de migrantes. 

Al 30 de agosto de 2018, había más de 935.593 venezolanos en Colombia, mientras que en Turquía, hay más de 3,5 millones de refugiados sirios. Pero el éxodo se extiende más allá.

En Perú, hay entre 395.000 y 420.000 venezolanos y más de 126.000 migrantes que buscan obtener asilo en este país andino, lo que representa el mayor número de solicitantes de asilo de esa nacionalidad registrados en cualquier país, confirma HRW. En Ecuador, el número de personas oscila entre los 250.000 y los 300.000, y en Brasil, se calculan unos 30.800. 

En Argentina casi 78.000 venezolanos habían recibido permiso legal para vivir; a Chile han llegado unos 147.000; a Costa Rica 8.892; a El Salvador, 700; a México, 8.921 y a Uruguay, 9.469.

Al otro lado del mundo, en Jordania, vecino sur de Siria y con quien comparte una frontera de 375 kilómetros, hay más de 1.3 millones de refugiados sirios. En Líbano, al suroccidente, se calcula que el número es de 1,1 millones; la ONU dice que son menos de un millón. Desde 2011, Turquía ha dispuesto USD 30.000 millones para ayudarlos.

A pesar de esta realidad y de que la guerra en Siria pareciera nunca terminar, las soluciones no son suficientes, o al menos, efectivas. En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía llegaron a un acuerdo para frenar la migración irregular por el Mar Egeo y mejorar las condiciones de vida de más de tres millones de refugiados sirios que viven en territorio turco.

Sin embargo, este pacto para “resolver” la situación de los migrantes sirios se ha quedado bastante corto y ha recibido críticas. Los líderes europeos acordaron que toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería devuelta a territorio turco, confirma Amnistía Internacional.

A dos años del “acuerdo de la vergüenza”, como lo califican muchas ONG, más de 2.000 personas han sido deportadas, más de 13.000 están en condiciones precarias y atrapadas en islas griegas, entre otros números que develan la realidad del pacto de “contención” de migrantes hacia Europa.

En junio pasado, los dirigentes europeos alcanzaron otro acuerdo para migrantes. No obstante, el mismo se logró tras presiones al interior de la UE y contemplaba, entre otros, la creación voluntaria de “centros controlados” para migrantes.

En medio de las dificultades, en América Latina la situación parece ser un poco más alentadora. En esta región una de las poblaciones más protegidas por convenios internacionales son los refugiados, que son reconocidos por Naciones Unidas como aquellas personas que requieran protección internacional al no poder regresar a su nación debido al temor de ser perseguidos, por la violencia, el conflicto u otras situaciones que perturben el orden público en su país.

Las medidas han sido varias. Colombia, el primer receptor de migrantes venezolanos, regularizó a mediados de este año a 442.000 personas a través de un permiso temporal que les permite trabajar y acceder a la sanidad y la educación pública.

En 2017 Perú también estableció un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el primer programa que formalizó a los venezolanos y les permitió trabajar legalmente. Aunque en agosto de 2018, junto con Ecuador, anunciaron la exigencia de pasaporte para permitir el ingreso de venezolanos en su territorio. 

En febrero pasado, Argentina dispuso flexibilizar trámites de radicación de ciudadanos venezolanos, incluidos aquellos de reconocimiento de estudios, tanto completos como incompletos. En abril Chile modificó sus leyes migratorias y creó visas especiales, llamadas de “responsabilidad democrática”, que les otorga un permiso de residencia temporal por un año prorrogable por un año más. Colombia ha insistido en varios escenarios en encontrar una solución regional a la crisis migratoria venezolana.

Este martes tras una reunión de dos días, 11 países de Latinoamérica y el Caribe (incluidos Perú y Ecuador) sellaron la Declaración de Quito, un acuerdo de 18 puntos para hacer frente a la diáspora venezolana. Entre los compromisos alcanzados están, admitir los documentos de identidad y pasaportes vencidos de los migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país, así como establecer un programa regional, con el apoyo de la OIM, “para el intercambio oportuno, a través de las instancias nacionales competentes, de información pertinente de migrantes venezolanos”, con el fin de prestar la ayuda humanitaria y “lograr una migración ordenada y segura”.

Según las cifras de Acnur, unos 5.000 venezolanos abandonan cada día su país. Entre 2.700 y 3.000 cruzan a diario de Colombia a Ecuador.

A pesar de que Venezuela no vive una guerra, con casi 2.3 millones de emigrados, este país suramericano está próximo a superar el número de exiliados de otras naciones que sí atraviesan conflictos sangrientos. Según un informe de Acnur presentado en junio pasado, la población desplazada a nivel mundial aumentó en 2,9 millones en 2017, y más de dos tercios de todos los refugiados del mundo provienen de solo cinco países: Siria, con 6,3 millones; Afganistán, con 2,6 millones; Sudán del Sur, con 2,4 millones; Birmania, con 1,2 millones y Somalia, con 986.400.

Y mientras las autoridades en Caracas se niegan a abrir un canal humanitario, miles de venezolanos siguen padeciendo extensos recorridos, hambre, frío, enfermedades, actos xenófobos, estigmatizaciones y trabas para acceder a servicios de primera necesidad y alimentos.