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Condena de 31 años para militares involucrados en bombardeo a Santo Domingo

Un juez condenó a penas de entre 6 y 31 años de cárcel a tres militares colombianos por la muerte de 17 civiles durante un bombardeo a una población del centro del país, en una operación anti guerrillas ocurrida en 1998, informó la Fiscalía.

Un juez condenó a penas de entre 6 y 31 años de cárcel a tres militares colombianos por la muerte de 17 civiles durante un bombardeo a una población del centro del país, en una operación anti guerrillas ocurrida en 1998, informó  la Fiscalía.

Las sentencias más altas recayeron sobre el capitán César Romero Pradilla y el teniente Johan Jiménez, piloto y copiloto respectivamente de un helicóptero de la Fuerza Aérea que atacó, en diciembre de 1998, el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Arauca, cuando perseguían una columna rebelde.

Estos dos militares fueron condenados a 31 años de cárcel, mientras el técnico de la aeronave, Héctor Mario Hernández, fue condenado a poco más de seis años de cárcel por homicidio culposo, pues según el juez éste "no tuvo intención de provocar daño conscientemente, a diferencia de los dos pilotos".

Según la decisión del Juez 12 Penal del Circuito de Bogotá, los militares incurrieron en el delito de homicidio en concurso con lesiones dolosas porque "atacaron posiciones en las que había civiles a pesar de que tuvieron información de inteligencia que les habría permitido evitar las muertes".

El ataque desde el helicóptero oficial con bombas tipo Cluster contra la población de Santo Domingo, provocó que Estados Unidos vetara la base de Palanquero, de donde salió la aeronave, y que ahora hace parte de las siete que usará ese país dentro de un convenio militar con Colombia.

Según expertos en estrategia militar, la base aérea de Palanquero -a 180 km al oeste de Bogotá- es efectiva para interceptar cargamentos del narcotráfico pues su ubicación permite llegar rápidamente al Caribe y al Pacífico.

Colombia y Estados Unidos están a punto de suscribir un acuerdo militar que le permite al gobierno de Barack Obama hacer uso de al menos siete bases militares en la nación andina, entre ellas Palanquero, para realizar operaciones contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas.