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Condenan a exsecretario de Desarrollo Social de Pereira por desvío de recursos

Este dinero era destinado a la atención de adultos mayores.

El exfuncionario fue vinculado a una investigación en la que son procesadas otras cinco personas. Foto: Getty Images

El exfuncionario fue vinculado a una investigación en la que son procesadas otras cinco personas. Foto: Getty Images(Thot)

El Juzgado 5° Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) avaló el preacuerdo de la Fiscalía y la defensa del procesado, y condenó a Jhon Jairo Lemus, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira (2016), a cinco años de prisión en calidad de cómplice de peculado por apropiación, intervención ilícita en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y falsedad en documento privado.

El exfuncionario fue vinculado a una investigación en la que son procesadas otras cinco personas por irregularidades presentadas en cuatro contratos avaluados en $700’000.000, que tenían como objeto garantizar planes de atención a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

La Fiscalía detectó el andamiaje delictivo entre funcionarios y contratistas, a través de la creación de entidades carentes de idoneidad para contratar y la generación de facturas y cuentas de cobro falsas o alteradas para el pago de terapeutas, sicólogos y convenios con hogares de atención inexistentes.

Otros sentenciados por estos hechos son: Diana Carolina Sánchez Lema, subsecretaria de Población Vulnerable (73 meses de prisión); Diana Inés García Benítez, representante de Fudesa (48 meses); Alejandro Ospina Coll, exfuncionario de la Alcaldía de Pereira (48 meses de prisión); Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol (57 meses y 15 días de prisión); y Carlos Alberto Valencia, quien figuraba como representante de la Fundación Jóvenes del Presente (39 meses de prisión).

A los tres últimos sentenciados les fue revocada la medida de aseguramiento de detención domiciliaria por intramuros. El juez argumentó que: “cometieron delitos de gravedad que vulneraron el bien jurídico tutelado de la administración municipal, y burlaron la confianza de la ciudadanía”.

Los investigados en este caso priorizado por la Fiscalía en el Plan Bolsillos de Cristal fueron capturados el 16 de mayo de año 2017.

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