Contraloría iniciará proceso de responsabilidad fiscal a la Judicatura
De esta manera, se determinará el presunto daño patrimonial que ocasionan los atrasos para poner en marcha el sistema de oralidad del nuevo Código Contencioso Administrativo.
Contralora General de la República, Sandra Morelli.(Thot)
La Contraloría General de la República iniciará procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los $10 mil millones de pesos para determinar el presunto daño patrimonial que ocasionan los atrasos en la dotación requerida para poner en marcha el sistema de oralidad bajo el nuevo Código Contencioso Administrativo.
El Código Contencioso Administrativo estableció el sistema de la oralidad para las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del Derecho y Reparación Directa. Esto con el fin de lograr una justicia oportuna y eficiente y lograr descongestionar los despachos de lo Contencioso Administrativo.
Para lo anterior, el Nuevo Código le impuso al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de hacer las inversiones correspondientes para la dotación de la infraestructura requerida (salas de audiencia, sistemas de grabación, equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y tecnológicos). Hasta la fecha se han comprometido 48 mil millones de pesos en infraestructura y 68 mil millones para la vigencia 2012 para gastos de personal.
Esta infraestructura debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del Código, es decir el día 3 de julio. Sin embargo, mediante visitas realizadas por la Contraloría General de la República, se pudo evidenciar que estos despachos no están dotados y, además, de las 150 salas proyectadas para oralidad, sólo 16 están listas (construidas y dotadas).
El Código Contencioso Administrativo estableció el sistema de la oralidad para las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del Derecho y Reparación Directa. Esto con el fin de lograr una justicia oportuna y eficiente y lograr descongestionar los despachos de lo Contencioso Administrativo.
Para lo anterior, el Nuevo Código le impuso al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de hacer las inversiones correspondientes para la dotación de la infraestructura requerida (salas de audiencia, sistemas de grabación, equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y tecnológicos). Hasta la fecha se han comprometido 48 mil millones de pesos en infraestructura y 68 mil millones para la vigencia 2012 para gastos de personal.
Esta infraestructura debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del Código, es decir el día 3 de julio. Sin embargo, mediante visitas realizadas por la Contraloría General de la República, se pudo evidenciar que estos despachos no están dotados y, además, de las 150 salas proyectadas para oralidad, sólo 16 están listas (construidas y dotadas).
