La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional, brindar protección especial a los pueblos indígenas Jiw y Nükak, quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley.
La máxima Corporación ordena al Gobierno nacional, departamental y municipal de los municipios de San José, Puerto Concordia y Mapiripán, adelantar los trámites necesarios para una vivienda digna, un adecuado servicio de salud y un servicio de educación acorde a cada una de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado.
Le ordeno al Gobierno Nacional investigar las amenazas de las que han sido víctimas las comunidades indígenas antes mencionadas.
Igualmente, ordena al Ministerio de Defensa Nacional que se brinde la protección necesaria a dichas comunidades y, la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón - Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, y da un plazo de seis meses, para que se entreguen dichos terrenos.
En el auto 173 de 2011, donde se dictan medidas cautelares urgentes de protección, se ordena a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, hacer seguimiento a las órdenes judiciales proferidas por la Corte Constitucional.