Fiscalía capturó a 15 extrabajadores de Drummond por carrusel de pensiones por invalidez
Al parecer, de manera fraudulenta, lograron obtener el beneficio de pensión por un valor que asciende a los 1.278 millones de pesos.
Un grupo de trabajadores de Drummond se pensionó por invalidez sin tener limitaciones físicas ni cumplir los requisitos para alcanzar ese beneficio. Foto: Getty Images(Thot)
A través de la Operación Frenocomio-Fase IV, la Fiscalía General de la Nación continúa con el propósito de develar en entramado criminal que afectó los recursos públicos del sistema pensional en la Costa Atlántica y permitió que un grupo de trabajadores de empresas explotadoras de carbón se pensionara por invalidez sin tener limitaciones físicas ni cumplir los requisitos para alcanzar ese beneficio.
En las últimas horas el CTI de la Fiscalía, Seccional Cesar, adelantó 17 diligencias de allanamiento y registro en ese departamento que permitieron la captura de 15 personas, todas pensionadas de la multinacional Drummond, que reciben su mesada como extrabajadores, la cual habrían adquirido de manera irregular.
La Fiscalía de Administración Pública a cargo de la investigación evidenció que por medio de documentos espurios que registraban falsos porcentajes de calificación de invalidez, determinados por los médicos y psiquiatras adscritos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, lograron obtener el reconocimiento de la pensión, por un valor que asciende a los mil doscientos setenta y ocho millones de pesos ($1.278’000.000).
Este miércoles 12 de diciembre, ante un juez de control de garantías de Valledupar, el ente acusador presentará a los detenidos en audiencias preliminares para su respectiva judicialización, por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y/o privado.
Cabe recordar que en las tres primeras fases de la Operación Frenocomio, por el denominado carrusel de pensiones por invalidez, otras 19 personas fueron procesadas entre abril y mayo de este año. Entre los investigados está una servidora del Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, abogados, médicos, sicólogos e intermediarios, que al parecer hacían parte de la red de corrupción.
