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Fiscalía reconoce que cometió “garrafal error” en caso de “las calvas” en Meta

En diciembre de 2017 se había ordenado la captura de Óscar Eruin Bolaños Cubillos y Edgar Humberto Silva González, ex alcaldes de Puerto Gaitán (Meta).

Los exalcaldes fueron investigados por los hechos registrados entre 2002 al 2004, cuando grupos paramilitares se llevaron a varias jóvenes, abusaron sexualmente de ellas y las raparon. Foto: Getty Images

Los exalcaldes fueron investigados por los hechos registrados entre 2002 al 2004, cuando grupos paramilitares se llevaron a varias jóvenes, abusaron sexualmente de ellas y las raparon. Foto: Getty Images(Thot)

La fiscal Siete especializada de Villavicencio, quien en diciembre de 2017 ordenó la captura de los ex alcaldes de Puerto Gaitán (Meta), Óscar Eruin Bolaños Cubillos y Edgar Humberto Silva González.

Sin embargo, la fiscal dejó sin efecto jurídico su propia decisión y anuló la resolución de medida de aseguramiento y las órdenes de captura en contra de los dos exmandatarios, quienes habían sido investigados dentro del caso denominado “Las calvas”.

La Procuraduría General de la Nación y los abogados de la defensa habían apelado la primera decisión de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que se equivocó y que los delitos imputados no coincidían con los hechos investigados.

Cabe recordar que los dos exalcaldes fueron investigados dentro de los hechos registrados entre los años 2002 al 2004, cuando grupos paramilitares se llevaron a varias jóvenes, abusaron sexualmente de ellas y las raparon.

Sin embargo, el Ministerio Público y la Defensa argumentaron que en ningún momento se dice que Silva y Bolaños hayan concertado reunirse para planear con los paramilitares que cometieran tales abusos.

Ante esto, la misma fiscal terminó reconociendo que cometió un error y decretó la nulidad de todo lo actuado.

En el documento en poder de W Radio y revelado en primicia por Noticias Ya en Villavicencio, la misma fiscal asegura: “(…) se observa el garrafal error que se había cometido, una situación que afecta el debido proceso y el derecho que tienen de defensa”.

Ahora el proceso quedará en manos de la Fiscalía Delegada ante la Sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio para que analice, modifique, revoque o confirme la nueva decisión.

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