El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, rindió declaración ante el Consejo de Estado, en donde afronta una demanda de pérdida de investidura por supuestamente haber sido condenado por un delito común en 1985, y aseguró que no hubo sentencia judicial en su contra.
Petro fue demandado por el concejal de Bogotá Orlando Parada ante el Consejo de Estado, la máxima instancia jurídica y administrativa del país, que citó al alcalde a que respondiera en audiencia.
La demanda señala que Petro debe responder por haber ocupado escaños en el Congreso cuando no podía llegar al Legislativo o a cualquier cargo por elección por haber sido condenado y haber purgado prisión (La ley colombiana no acepta que aspiren al Congreso o a algún cargo público quienes hayan sido condenados penalmente).
En ese sentido, durante la audiencia, Petro, afirmó que en octubre de 1985 no fue capturado "por ser un delincuente común" y agregó que esa detención se debió a que era "jefe del M-19 en Zipaquirá" y por eso lo "llevaron al Cantón Norte, donde ocurrieron oscuros episodios".
Procuraduría pide mantener investidura de Gustavo Petro
El procurador delegado ante el Consejo de Estado, Isnardo Jaimes, pidió mantener la investidura del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
El dirigente político fue demandado ante la máxima corporación de lo contencioso administrativo por el concejal Orlando Parada por una supuesta inhabilidad para ejercer como senador, ya que había sido condenado por un juez penal militar por porte ilegal de armas en 1985.
Para el Ministerio Público, no existe sentencia en este caso y si hubiera sido condenado en esta época sería un delito político.
Entre tanto, el Consejo de Estado tiene un plazo de 60 días para tomar una decisión sobre la investidura de Gustavo Petro en calidad de congresista.