Judicial

Imputados dos exdirectivos de ETB por presunta defraudación a la entidad

Pablo Gómez y Martha Martínez fueron imputados por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado culposo.

La Fiscalía evidenció que todo el dinero se pagó pero el proyecto nunca se ejecutó. Foto: Getty Images

La Fiscalía evidenció que todo el dinero se pagó pero el proyecto nunca se ejecutó. Foto: Getty Images(Thot)

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá formuló imputación en contra de Pablo Antonio Gómez Mora y Martha Lucía Martínez Ortega por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado culposo.

Para el año 2013, Gómez Mora se desempeñaba como vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de ETB, mientras que Martínez Ortega era la gerente de proyecto de Datacenter.

Al parecer en ejercicio de sus cargos incurrieron en irregularidades en el trámite y ejecución del proyecto a cargo de la hoy procesada, el cual fue adelantado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por medio de la Invitación Privada No. 10239585, cuyo objeto fue la implementación de un datacenter bajo la modalidad de llave en mano, certificado como TIER IV en diseño y construcción por el Uptime Institute, LEED. Además, tenía la finalidad de la prestación de servicios de operación, mantenimiento y soporte técnico, por una cuantía de $ 44.723.355.451.

Para la ejecución de este proyecto se realizaron tres contratos: i). Diseño e interventoría, por una cuantía de $1.205.138.088, cuyo contratista fue DCC Consultores S.A. (Costa Rica) ii). Obra civil del Datacenter, por una cuantía de $32.480.000.000, con Aceco S.A. (Brasil) y iii). La adquisición de bienes y suministros, instalación e implementación, realizado con Compufácil (Colombia), por valor de $11.566.369.460. La Fiscalía evidenció que todo el dinero se pagó pero el proyecto nunca se ejecutó.

Además de la pérdida de los recursos, la obra fue abandonada desde el año 2015.

La audiencia se realizó ante el Juzgado 9 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, en la cual los presuntos responsables no aceptaron cargos.

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