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Involucrados en defraudación de pensiones de los colombianos se declaran culpables

Según la entidad, estas personas ofrecían la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio.

Involucrados en defraudación de pensiones de Colombianos se declaran culpables. Foto: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a diez personas, identificadas como responsables de ofrecer servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.

Yamile de Jesús Pérez Domínguez, psicóloga e integrante de la junta, fue la primera en aceptar cargos después de adelantada la audiencia de imputación de cargos.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, Carlos Arturo Montero Araújo, Eduardo Urbano Marugo Castrellón, Gian Carlos Miranda Isaza, Teresa de Jesús de la Hoz Solano, Gilmar Silvero Linero, Emili Said Baines Ferrer y José Miguel Meléndez Vega se arrepintieron y decidieron declararse culpables por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Mariano de Jesús Amarís Consuegra fue el único que no aceptó los cargos endilgados y se declaró inocente de los hechos relatados por la Fiscalía.

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Según la entidad, estas personas ofrecían la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio. Esto se permitía luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.

Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que, desde 2011, estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, hoy en día hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.

La Fiscalía estima que una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos solo en Valledupar (Cesar).

El objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales, sino que alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.

Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones pertenecían a las  empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón.