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La ruta de los dineros perdidos del “carrusel de la contratación” en Bogotá

La Fiscalía imputará cargos al empresario Fernando Marín, exembajador de Colombia en Malasia y Venezuela, quien habría facilitado el lavado de dineros comprometidos en el desfalco.

La Fiscalía imputará cargos al empresario que habría facilitado el ‘lavado’ e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco. Foto: Colprensa

La Fiscalía anunció que le imputará cargos al empresario Fernando Marín, embajador de Colombia en Malasia y Venezuela durante el gobierno Uribe, por presuntamente haber lavado plata del 'carrusel' de la contratación de Bogotá.

Según los investigadores, parte de los sobornos que recibieron el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano, el exsenador Iván Moreno, fueron invertidos en un condominio del empresario.

La constructora Marval S.A., con la que inicialmente se relacionó a Marín, emitió un comunicado en el que aclara que la empresa no tiene ninguna relación con el exembajador Marín desde 2004

Además, la empresa señala que "la compañía no forma parte de los hechos por los cuales la Fiscalía General investiga al señor Fernando Marín Valencia".

Lea aquí: Marval indicó que Fernando Marín no tiene ningún vínculo con la empresa desde 2004

 

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(Le puede interesar: Segunda condena en contra del exalcalde Samuel Moreno Rojas)

En los últimos días se han obtenido sentencias y hay nuevas decisiones contra personas que estarían involucradas en el denominado carrusel de la contratación y serían las responsables de una operación de lavado de activos que servía de fachada para ocultar las millonarias sumas relacionadas con sobornos y anticipos injustificados por las obras.

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Nueva sentencia por carrusel de la contratación en Bogotá

El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien cumple condena de 24 años de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias para la ciudad. Un Juez de la República anunció un nuevo sentido de fallo condenatorio por su responsabilidad en el esquema de corrupción para defraudar a la ciudad a través de diversos hechos de corrupción en los contratos de obras de infraestructura y malla vial.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró la responsabilidad de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión. A lo largo del juicio la Fiscalía presentó más de 66 evidencias y las declaraciones de 30 testigos, para acreditar la teoría del caso.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario intervino indebidamente en los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 071 y 072 de 2008, y en la adjudicación de obras por concepto de valorización en 2009.

“Se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y no se hacía la verificación estricta a los requisitos”, señaló el fiscal de conocimiento en su escrito de acusación.

Por ahora se conoce el sentido condenatorio del fallo. El próximo 15 de febrero del año en curso, el juez de conocimiento revelará el monto de la pena. La Fiscalía pidió 35 años de prisión.

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El señalado “lavador” de dineros

En relación con este entramado corrupto, las labores investigativas de la Delegada contra las Finanzas Criminales lograron develar un mecanismo a través del cual los dineros apropiados irregularmente por el exalcalde Moreno y sus cómplices, fueron direccionados a través de una sofisticada operación de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior.

Las evidencias testimoniales y documentales recogidas por la Fiscalía permitieron identificar a los involucrados en la sofisticada operación de lavado, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, tenía por objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en la Florida, así como también la inversión en un importante proyecto inmobiliario en Miami.

La Fiscalía logró identificar 6 sociedades que habrían sido constituidas en el estado de la Florida para la adquisición de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Moreno Rojas. Estas sociedades fueron disueltas entre los años 2011 y 2012.

Asimismo, se ha identificado la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contratación y cuyo monto comercial es de USD$56 millones de dólares, que a la tasa de cambio vigente ascendería a más de $168 mil millones de pesos.

La Fiscalía acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta información a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos producto de la disolución de las 6 sociedades cuestión. Así mismo, se iniciarán los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario.

La investigación identificó al empresario Fernando Marín Valencia como facilitador de esta maniobra financiera y eslabón con las inversiones en el exterior, quien según las evidencias recopiladas habría tenido como papel recibir los dineros ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema financiero hacía los Estados Unidos.

Por estos hechos la Fiscalía ha solicitado audiencia de imputación de cargos por el delito de Lavado de Activos en contra de Marín Valencia, la cual fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 13 de marzo.

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Extinción de bienes a los Nule

El pasado mes de Julio de 2018 un juez especializado de Bogotá que avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule que ascenderían a más de $6.000 millones de pesos.

Dicha decisión fue tramitada a través de asistencia judicial con los Estados Unidos con el propósito de afectar los bienes. La Fiscalía acaba de ser informada por parte del Departamento de Justicia de ese país, que la solicitud fue avalada por una Corte Federal, por lo que se hizo efectiva la incautación de las propiedades

La Fiscalía adelantará las gestiones pertinentes para solicitar el retorno de tales activos a Colombia en el marco del acuerdo de compartición de bienes suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.