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Ordenan arresto de los directores del Incoder y Agencia de Tierras

El Tribunal Superior de Valledupar declaró en desacato a ambos directivos por incumplir el fallo que ordena restituir la finca Las Margaritas en el Magdalena.

Foto: La w.

El Tribunal Superior de Valledupar sancionó con arresto por cinco días al gerente liquidador del Incoder, Rodrigo Mauro Plata, y al director general de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss, por el desacato de una sentencia de la Corte Constitucional proferida en 2014 (T477) que ordenó restituirle un predio de 40 hectáreas llamado 'Finca las Margaritas', ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, al señor Antonio Rodriguez Acosta, esposo de la fallecida dueña del predio -Margarita Felizzola-.

También deberán pagar una multa de cinco salarios mínimos por haber desacato el fallo de la Corte que protegió los derechos de ese campesino, cuya familia fue desplazada de la finca por paramilitares de Jorge 40, en 1999, y que por tanto no pudo continuar pagando una hipoteca del inmueble lo que provocó que lo vendieran en remate.

La Corte Constitucional conceptuó que el predio tenía medidas de protección por pertenecer a víctimas de desplazamiento forzado y que por tanto su remate fue ilícito.

"Como Rodrigo Mauro Plata Cerón (...) y Miguel Samper Strauss (...) no hicieron lo necesario para acatar la sentencia T477 de 2014, y al ser requeridos para que lo hicieran, el primero en mención se limitó a informar que no era su competencia y a remitir el expediente a la Agencia Nacional de Tierras, y el segundo a manifestar que el cumplimiento de esa orden no era su función y que (...) le solicitó a la Inspectora de Policía del Municipio de Sabanas de San Ángel , Magdalena, apoyo para realizar la diligencia de desalojo, sin probar que en efecto lograron la restitución a Antonio María Rodríguez Acosta (...) cabe concluir que con ese proceder omisivo y no justificado han incurrido en desacato a una decisión de tutela", dijo el Tribunal.

La finca Las Margaritas está siendo ocupada por Carlos Arturo Londoño Acosta, empresario vallecaucano que la compró en remate en 2004, por aproximadamente 7 millones de pesos. En 2005, Margarita Felizzola manifestó estar de acuerdo con la compra que hizo Londoño; pero la Corte Constitucional invalidó la transacción al conceptuar que su origen fue "ilícito, ya que la negociación se debió hacer para dar continuidad a los hechos violentos de los que fue víctima el accionante y su grupo familiar desde el año 2000 cuando un grupo armado al margen de la ley de manera violenta incursionó en el predio rural de su propiedad, los desplazo a él y a su familia tomando posesión del inmueble y manteniéndolo durante años mediante la perpetuación de actos de violencia y amedrentamiento a la población de esa zona del país".