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Ordenan investigar a Postobón por supuesto apoyo a grupos paramilitares

La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó investigar a Postobón e identificar sus bienes por el supuesto financiamiento de grupos al margen de la ley.

Tribunal superior de Bogotá. Foto: Colprensa

Tribunal superior de Bogotá. Foto: Colprensa(Thot)

La magistrada del Tribunal, Alexandra Valencia Molina, ordenó a la Fiscalía iniciar el proceso tras los señalamientos de Armando Madriaga Picón, jefe de finanzas en Aguachica- César, y Javier Antonio Quintero Coronel, un desmovilizado del frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

 Desmovilizados acusaron a miembros de la empresa de pagar millonarias sumas de dinero a las Auc, cuyos dineros eran destinados para la manutención de los miembros de la organización.

Según se relató, patrulleros de las Auc recibían 800 mil pesos y comandantes de contraguerrilla recibían 1 millón de pesos cada uno. En total eran 95 millones al año para manutención y 505 millones en alimentación.

 "Esta sala debe exhortar a la Fiscalía, para que informe a la autoridad de vigilancia, si se han adelantado investigaciones para corrobar la participación de la empresa Postobón en la financiación y del gerente de la época. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario u obligatorio, si fue voluntario es necesario conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado la actuación que para el caso ha adelantado la unidad de reparación a las víctimas", señala la decisión.

En la misma decisión el Tribunal ordena se  investigue a  13 integrantes del Ejército y 10 de la Policía, además de los miembros para la época de los hechos del Batallón Santander, B2, debido a que se habrían aliado con el grupo paramilitar.

Cabe recordar que en el año 2007 el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante un juez de Medellín  que los directivos de Postobón tenían conocimiento de los pagos de estas empresas a los paramilitares y cancelaron presuntamente  7.000 dólares mensuales al cambio de entonces por cada departamento en el que distribuía sus productos.

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