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​Ordenan servicio de salud para la población de Las Palmas-Bolívar

La Corte Constitucional falló a favor de familias que retornaron años después de una masacre paramilitar.

Foto: Colprensa.

La Corte Constitucional falló una tutela a favor de los habitantes de las Palmas, corregimiento de San Jacinto en el departamento de Bolívar, amparando la protección de sus derechos a la salud, vida digna y el derecho al retorno en condiciones de dignidad.

La acción judicial fue presentada por la Defensora del Pueblo en Bolívar, Irina Junieles, debido a que evidenció que numerosas familias de las 288 que fueron desplazadas forzosamente, luego de la masacre perpetrada por paramilitares el 27 de septiembre de 1999, habían retornado a su territorio sin que la institucionalidad les ofreciera condiciones dignas, especialmente en atención en salud.

La Corte tumbó dos fallos de instancias en Bolívar que habían denegado las pretensiones de la Defensora.

"En el corregimiento de Las Palmas no hay médico rural, ni promotora de salud, ni enfermera que atienda las necesidades y emergencias que se presenten; por lo cual la población del corregimiento está expuesta a un riesgo en la salud e integridad física, habitantes entre los cuales hay sujetos de especial protección constitucional, como niños y adultos mayores, pero además se vulnera el derecho a la dignidad humana de personas en situación de desplazamiento forzado. Por tanto, la omisión del Estado de proveer un servicio médico al corregimiento, amenaza con revictimizar a la población vulnerable", indicó la Corte.

El alto tribunal le ordena al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud Regional y a la ESE Hospital de San Jacinto, nombrar el personal médico suficiente para atender a por lo menos a 56 familias que allí habitan, con los respectivos insumos médicos.

El fallo también ordena que la Unidad de Víctimas junto con el Ministerio de Salud adopten un plan de acción a más tardar en un mes, que entre otros, incluya la contratación del servicio de ambulancia y un centro de salud dotado con los medicamentos e insumos necesarios. Y que la Superintendencia de Salud esté vigilando todo el proceso.

"La Sala concluye que la omisión de las diferentes entidades del Estado de nombrar personal médico y dotar un centro de salud vulneran los derechos fundamentales a la salud, vida digna, integridad física y el derecho al retorno en condiciones de dignidad de la población del corregimiento de Las Palmas", agrega la providencia.