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Acreedores de Aquarela piden a Mincultura respetar el derecho a vivienda digna

Aseguran que el Gobierno, a través de sus entidades, comete una injusticia al impedir se culmine esta obra cerca del castillo.

Acreedores del proyecto inmobiliario Aquarela, que se construye cerca del Castillo San Felipe en Cartagena, crearon la “asociación de propietarios de Aquarela”, que busca luchar por lo que ellos consideran una injusticia y un atropello al desarrollo y derecho a la vivienda digna por parte del Ministerio de Cultura, la Procuraduría y otras entidades.

A través de un video que circula en redes sociales, buscan demostrar que el proyecto se desarrolla en el marco de la legalidad y que las licencias otorgadas están acorde a las normas urbanísticas.

“Aquarela antes de levantar el primer ladrillo para la construcción, les fueron otorgados los permisos que fueron emitidos de manera legal por todas las entidades pertinentes”, dijo Gastón Gaitán, presidente de la asociación.

A través del video, piden el apoyo de la ciudadanía para que los respalden y no se permita la demolición de esta edificación, tal como fue solicitado por la Procuraduría y la Asociación de Arquitectos de Colombia.

“Acudimos a la comunidad Cartagenera para que esta constructora tenga la posibilidad de seguir construyendo viviendas de interés digna. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en la parte económica para acceder a esta vivienda”, manifestó Carlos Álvarez.

Responsabilizan a los medios de comunicación de informar sobre las supuestas irregularidades de esta obra, lo que para ellos ha hecho que las autoridades fijen su mirada a esta construcción, que para la asociación, es legal.

“A los medios de comunicación, que no estén manipulando tanto, que esperan la oportunidad de una noticia para mostrar el proyecto Aquarela. Esto está fuera del área de influencia del Castillo de San Felipe”, agregó Álvarez.

Los miembros de la Asociación cuestionaron la actuación del Gobierno para poner en funcionamiento las normas y que no habido voluntad política para sacar adelante el POT.

“Esto es una negligencia del estado, porque no es posible que el Plan de Ordenamiento Territorial, que es la normativa que establece las pautas de la construcción en un municipio no haya sido reglamentado en aproximadamente cuatro alcaldías y por esa ineficacia estamos nosotros soportando una carga que no se nos es atribuible, que nosotros la soportemos”, puntualizó Gastón.

Pese al llamado de estos ciudadanos, la obra fue suspendida provisionalmente por un juez, también sellada por incumplir el tema ambiental.