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Alcaldía de Cartagena sigue sin pagarles arriendo a víctimas de construcciones ilegales

De 71 familias que esperan pagos por concepto de arriendo sólo le han pagado a 17. Administración reconoce retrasos.

Edificio Portales. Foto: Tomada de El Universal

Las víctimas de las construcciones ilegales del llamado clan Quiroz, propietario del edificio que colapsó el año pasado causando la muerte a unas 21 personas, siguen a la espera de que la Alcaldía de Cartagena cumpla con la orden judicial que desde el 30 de enero la obligó a crear y aplicar un plan de acción para garantizarles su vida y su derecho a una vivienda digna.

Durante un debate de este martes en el Concejo Distrital, propietarios de apartamentos y el abogado Javier Doria, apoderado de varios de los afectados, denunciaron que aunque la Administración Distrital anuncia que ya está realizando los pagos, muchos de los que aparecen relacionados en la lista no han recibido un solo peso.

“De mis clientes que aparecen en esa lista ninguno ha recibido el pago por concepto de arriendo y ya entregaron los papeles. Además, el Distrito nunca socializó con la comunidad el plan de acción para conocer cuáles son las medidas que se están tomando a corto y largo plazo”, detalló Doria tras el debate.

Marilin Espinoza, una mujer embarazada que vivía en su apartamento en el edificio Portales de Los Alpes, narró en la plenaria del Concejo el viacrucis que le ha tocado recorrer para entregar toda la documentación que pide la Alcaldía parta hacer efectivos los pagos y pese a ello aún no le hacen efectivo su pago.

“Desde enero me fui del apartamento en medio de las diligencias de desalojo del Distrito y a la fecha ni un peso, ni una consideración por mi condición de embrazada”, relató.

¿Y la calamidad pública?

Las demoras por parte de la Administración Distrital para implementar el plan de acción y hacer los pagos a las familias afectadas causa molestia puesto que para evitar trámites como apertura de licitación o concursos de méritos en este proceso, el Distrito declaró la calamidad pública.

Consultada al respecto, Laura Mendoza Bernett, coordinadora de Gestión del Riesgo del Distrito, aseguró que si bien es cierto que existe la calamidad pública “también es cierto que es estricto el control fiscal que nos hace la Contraloría, pero sí ha sido útil porque, por ejemplo, no habríamos podido realizar convenios ni hacer muchos de los trámites”.

La funcionaria reconoció que sí ha habido demoras por parte de la Administración “primero por un error que tuvimos en cuento a la estratificación de las edificaciones y también a que la documentación recibida en algunos casos no ha contado con las precisiones que se requieren para que la fiduciaria haga el desembolso”.

Según anotó Mendoza Bernett, a finales de la próxima semana el Distrito deberá haber pagado a todos los afectados los dineros que adeuda por concepto de arriendo.