Con folios fraudulentos se pretenden adueñar de los terrenos del aeropuerto de Cartagena

De acuerdo con a la información suministrada por Beatriz Botero, abogada de Aeronáutica, que inició el proceso para el desalojo de los terrenos que le pertenecen a la nación y que fueron ocupados de forma ilegal por privados, son dos los folios que se encuentran en la Oficina de Instrumentos Públicos, relacionados con el mismo lote.

Uno a nombre de la nación con una tradición de 1930 de número 060-267098  y el otro  060246359 unificado en el 2009 mediante escritura 3357 del 25 de noviembre del 2009 a nombre de la sociedad Pacola S.A.S.

A pesar de la existencia de este problema desde hace 19 años y que el fiscal 31, Oscar Prada, en el 1998 manifestó a la directora de Instrumentos Públicos, Evelia Fadul, sobre las escrituras y folios que utilizó Hernando Castillo para apropiarse de las trece hectáreas del terreno de uso público eran fraudulentos; esta entidad siguió haciendo inscripciones, divisiones y ventas durante los últimos 10 años, sobre estos folios. Lo cual indicia que de un delito conocido por el fiscal, nacen a la vida jurídica los títulos de propiedad de estos señores.

Fue necesario para la defensa presentar una acción popular, buscando el interés general en contra de la Superintendencia de Notariado y a favor de la nación con el objeto de que supenotariado procediera a tomar acción, para acabar con los folios fraudulentos de los invasores y dejar vigente solo el del estado, para de esta forma evitar un detrimento patrimonial a la nación.

Inicialmente la superintendencia se negó a esta acción popular, alegando que no tenía relación con el asunto, pero posteriormente, el superintendente, Luis Guillermo Vélez, inicio una investigación, la cual dio como resultado la presentación en el 2012 de una denuncia penal por el robo de las tierras del aeropuerto de Cartagena, que fue titulado como, “Oficina de instrumentos Públicos de Cartagena, un  Festival del Tumbe”.

La denuncia fue conocida por la fiscalía 40 de Cartagena y el proceso fue decretado de connotación de interés nacional. Han pasado cinco años y no se han tomado acciones, a pesar de haberle presentado un colectivo de abogados un derecho de petición, solicitando que con el objeto de evitar que se prolongue el daño y el detrimento patrimonial, ordene o decrete como manera preventiva el restablecimiento del derecho devolviendo los terrenos a la nación, mientras sigue la investigación y se determina lo verdaderos responsables, entendiendo que en todos los delitos investigados debe haber personas sancionadas; sin embargo, el mayor daño es que este lote no está en manos del estado.