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Denuncian caso de corrupción en la rama judicial del Valle del Cauca

La denuncia se da en medio de una disputa corporativa entre los hermanos Aljure Dorronso, cabezas de las empresas Comestibles Aldor y Plásticos Especiales S.A.S.

La W conoció una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en la que se advierte de un entramado de corrupción en la rama judicial del Valle del Cauca. Foto: Colprensa

La W conoció una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en la que se advierte de un entramado de corrupción en la rama judicial del Valle del Cauca y en la que se verían comprometidos abogados, fiscales y otros funcionarios públicos.

La denuncia  se conoce por la disputa corporativa entre los hermanos Aljure Dorronso, cabezas de las empresas Comestibles Aldor y Plasticos Especiales S.A.S, con más de 2.300 empleados directos en Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Sudáfrica.

Andrea y Francisco Aljure contratan los servicios profesionales de los abogados Héctor Fabio Restrepo, José Gerardo Atehortúa y Hernando Alfonso Díaz Quintero. Estas personas advirtieron a la contraparte, los hermanos Rafael y Leonardo Aljure, sobre una denuncia penal en su contra por los delitos de administración desleal, falsedad en documento, fraude procesal y estafa.

Según el documento, tras la advertida denuncia se presentaron irregularidades en el sistema de reparto y en la presentación de la misma acción judicial.

La W conoció que dicha denuncia fue firmada e interpuesta por un tercero ajeno al proceso judicial. Además, el sistema de reparto de la Fiscalía de Cali se produjo en un tiempo récord y, como lamentablemente no es costumbre en la rama judicial, recibió la acción, creó la noticia criminal e hizo el reparto, pasando por encima de la Unidad de Intervención Temprana del ente acusador. Sin embargo la funcionaria de la rama judicial que atendió este caso solicitó aclarar la anterior información, en la cual alega que no se saltó ningún procedimiento porque en este caso no aplicaba la Unidad de Intervención Temprana.

Lo anterior sería un hecho aislado, de no ser porque el reparto, que se hizo a la 1:47 de la tarde del viernes 24 de noviembre de 2017, correspondiéndole al fiscal 114 seccional de Yumbo, fue desechado por la misma oficina de asignaciones, sacándose un minuto después de ese despacho a la 1:48 de la tarde y sometiéndose nuevamente a reparto a la 1:49 de la tarde, en esta ocasión asignándose a la Fiscalía 156 seccional de Yumbo.

Dicha Fiscalía, en un tiempo record, ordena actividades de policía judicial y un allanamiento a las empresas antes mencionadas.

Como si fuera poco esta emisora conoció un documento firmado por el director Seccional de la Fiscalía en Cali, Gilberto Guerrero, en la que le informa a Luis Gonzales León, actual director de Fiscalías, sobre las irregularidades presentadas en el sistema de reparto del proceso.

En el documento, Guerrero le asegura al director de fiscalías que “sorprende el hecho de que la noticia criminal no se haya tramitado bajo los protocolos y lineamientos establecidos para tal efecto, pues antes de su asignación debió pasar por los fiscales del GATED para su revisión y correcto enrutamiento”.

Lo más grave del asunto es que el mismo Director de la Fiscalía en Cali denuncia que al revisar el proceso se encontró con la sorpresa de que su nombre había sido usado sin su conocimiento para autorizar varios actos irregulares tras el sistema de reparto de la denuncia.

Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal, que de ser comprobados actos ilícitos tendría como cómplices a funcionarios de la Oficina de Asignaciones de la ciudad de Cali y de la Fiscalía General de la Nación.

Por último, La W confirmó que al menos dos de los abogados de este caso aparecen en otros polémicos procesos, como  lo fue el caso de Fernando Victoria en el que un juez de Cali cayó en los encantos de una fiscal, quien supuestamente lo sedujo para lograr una decisión judicial a su favor.

Y no menos importante, se encuentra el polémico caso de la disputa por los cañaduzales del Valle, las tierras de la finca Papayal, proceso en el que aparecen el exministro y expresidente de Ecopetrol, Antonio Urdinola y la empresaria Alexandra Garcés Borrero, familiar de Jorge Garcés Borrero, creador de la firma JGB.

De acuerdo con Alexandra Garcés, el abogado de la contraparte, Héctor Fabio Restrepo, se caracteriza por acudir a formas de intimidación como la toma armada del ingenio Papayal, propiedad de la familia Garcés, con 39 hombres armados en el año 2010.

La misma Garcés aseguró en una ocasión que detrás de su proceso se escondía “un carrusel de corrupción manejado por Rafael González y sus abogados Héctor Fabio Restrepo —quien tiene asuntos pendientes con la DEA— y José Gerardo Atehortúa, utilizando prácticas corruptas que han logrado en cinco años evadir, con la complicidad de funcionarios judiciales”.