Diputada del Valle pide investigar irregularidades en la contratación del PAE
La parlamentaria también pidió a la Fiscalía revisar proceso contra Dilian Francisco Toro, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Diputada Juanita Cataño. Foto: Cortesía(Thot)
La diputada del Valle del Cauca Juanita Cataño, solicitó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que investigue las supuestas irregularidades que se estarían presentando en la contratación del Programas de Alimentación Escolar (PAE) en el Valle del Cauca.
Según la diputada, en el primer periodo de 2016 más de 12 mil millones de pesos fueron entregados a dedo a dos fundaciones, que entregaron alimentos en mal estado, lo cual causó que varios menores resultaran intoxicados en los municipios de Cerrito y zarzal.
Aseguró que a pesar que la contraloría ha compulsado pruebas a la Fiscalía que demuestran que si han existido irregularidades en la contratación de este programa, dichas fundaciones, que según la diputada, que tienen claras cercanías con políticos del departamento, siguen ganándose millonarios negocios.
Del mismo modo la parlamentaria solicitó al Fiscal, que no se engavete la investigación que cursa en contra Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca.
En el año 2013, el ente investigador decretó la nulidad parcial en el proceso que se adelanta en contra de la mandataria por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La investigación, adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte, se deriva de las supuestas negociaciones que entre 2005 y 2007, realizó Toro Torres a través de una sociedad Agropecuaria, para adquirir varias propiedades que tenía procedencia del narcotráfico, entre los predios se encuentran las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca).
Las autoridades iniciaron la investigación al considerar que Toro, no pudo justificar supuestamente la procedencia de los dineros con los que compró las propiedades.
Cabe resaltar que la investigación llegó a manos de la Fiscalía luego que la entonces congresista renunciara a su curul en el Senado, tras lo cual la Corte Suprema determinó que ya no tenía competencia para seguir con la investigación por el delito de lavado de activos del que se señala a Toro.
